miércoles, 7 de agosto de 2013

Ley 840 del Canal viola la Constitución



MRS presenta recursos de inconstitucionalidad contra la entrega de la integridad y la soberanía nacional de Nicaragua

En esta semana, el MRS, a través de los miembros de su Comisión Ejecutiva, sus diputados y diputadas, líderes departamentales y municipales, estará presentado diversos recursos de inconstitucionalidad contra la Ley 840, “Ley Especial para el desarrollo de infraestructura y transporte nicaragüense atingente a el canal, zonas de libre comercio e infraestructuras asociadas” promulgada por Daniel Ortega Saavedra, quien usurpa el cargo de presidente de la República.

En los recursos de inconstitucionalidad se fundamentan las violaciones de Ley del Canal a la Constitución de Nicaragua, en lo establecido en al menos 40 artículos de la misma (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 27, 38, 44, 46, 49, 50, 60, 66, 80, 81, 82, 83, 87, 88, 89, 90, 91, 100, 102, 103,  105, 121, 130, 131, 141, 177, 180 y 181, 182 y 183).  

Asimismo, los recursos plantean que la Ley 840 del canal, provocan graves daños a la integridad, la soberanía nacional, los derechos y el patrimonio de los y las nicaragüenses, siendo los principales, los siguientes:

1.  Violación al principio de independencia, soberanía y autodeterminación como derechos irrenunciables del pueblo.

La Constitución afirma claramente que la independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional son derechos irrenunciables del pueblo y fundamentos de la nación nicaragüense y que cualquier intento de menoscabarlos atenta contra la vida del pueblo.

Ortega, con la Ley 840, otorgó dominio exclusivo y total a una empresa extranjera sobre una enorme porción del territorio nacional,  renunciando expresamente a la soberanía que solamente puede ejercer el Estado de Nicaragua, violando también el principio constitucional de preservar la integridad territorial del país.

De acuerdo a la Ley 840 del Canal, en el territorio que controle la empresa extranjera no valdrán las leyes nicaragüenses, ni habrá autoridades administrativas, judiciales, aduaneras, fiscales, policiales o militares, constituyéndose en un verdadero Estado extranjero dentro del Estado de Nicaragua.

De esa manera, los nicaragüenses, en esa zona determinada por la empresa, pierden sus derechos constitucionales (políticos, económicos, sociales, laborales y de cualquier otra índole), pues no será válida ni la Constitución, ni ninguna ley nicaragüense en esa franja de tierra. La empresa extranjera podrá establecer sus propias reglas.

La empresa extranjera HKND o cualquiera de sus empresas socias, no pagarán un centavo como impuestos o tasas por servicio al Estado de Nicaragua, ni a las municipalidades, ni a los gobiernos regionales afectados.

La Ley 840 y los acuerdos suscritos por Ortega con la empresa HKND, obligan al Banco Central de Nicaragua a colocar sus reservas internacionales como garantías frente a una demanda que quiera hacer la empresa extranjera, cuando se considere agraviada.

2.    Violación de las disposiciones constitucionales que protegen la propiedad, los bienes, la cultura y el derecho de autogobierno de las comunidades étnicas y pueblos indígenas.

La Ley 840 somete a la expropiación a los territorios indígenas, conforme la voluntad de una empresa extranjera de utilizar sus territorios y recursos naturales.  Elimina el pago de cualquier tipo de impuestos o tasas a los gobiernos regionales de la Costa Caribe y liquidó el derecho de las comunidades y pueblos indígenas de ser consultados y decidir sobre sus territorios y recursos naturales.

3.    Violación del principio de democracia participativa.

La Ley 840 se aprobó sin consulta alguna con el pueblo, negándole su derecho de decidir y participar libremente en la construcción y perfeccionamiento del sistema económico, político y social de la nación, como establece la Constitución.

4.    Violación de los artículos constitucionales que protegen y cautelan los recursos naturales como patrimonio de los y las nicaragüenses.

Ortega, mediante la Ley 840, cedió absolutamente la totalidad de los recursos en la zona que señale como de su interés, la empresa extranjera, incluyendo tierras, agua, aire, bosques y cualquiera de los recursos naturales.  Ortega concedió, mediante la Ley 840, la posibilidad de que el lago Cocibolca o de Nicaragua, pueda ser objeto de cualquier tipo de afectación, menoscabo y destrucción por la empresa extranjera.

5.    La Ley 840 amenaza el derecho de propiedad, establecido constitucionalmente.

Se establecieron disposiciones especiales que le conceden a la empresa extranjera la facultad de demandar la expropiación de cualquier propiedad (privada, pública, asociativa o comunal), en cualquier parte, sin proceso o arreglo previo, y pagando el valor catastral o menos a los expropiados que no tendrán derecho a oponerse a la expropiación, ante ningún tribunal.

6.    Violación del principio de supremacía de la Constitución.

La Ley 840 establece que toda disposición que se oponga o limite el acuerdo firmado con la empresa HKND, incluyendo la Constitución deberá ser reformada o derogada, estableciendo severas sanciones económicas por cualquier declaratoria de inconstitucionalidad o ilegalidad de la Ley 840 y el acuerdo firmado por Ortega y la empresa extranjera.

Estas y otras disposiciones de la Ley promulgada por Ortega para favorecer a una empresa extranjera HKND, de credenciales desconocidas, están afectando gravemente la naturaleza de Estado Soberano e Independiente de la República de Nicaragua,  están rompiendo su integridad territorial, afectando los derechos y bienes comunes del pueblo nicaragüense.

El MRS está convencido que, más temprano que tarde, el pueblo de Nicaragua, terminará con el régimen vendepatria y entreguista de la familia Ortega Murillo, con sus leyes y acuerdos, con su corrupción y su impunidad, abriendo para Nicaragua sendas de verdadero progreso, justicia y oportunidades.

Managua, 7 de agosto de 2013.