miércoles, 21 de agosto de 2013

Se constituye Unidad por la República




   

Con una asistencia nutrida y con representaciones de todo el país, se realizó el acto de firma del Acta Constitutiva de la alianza Unidad por la República, el día 20 de agosto, en el Centro de Convenciones Crown Plaza de Managua.  Firmaron como primeros integrantes de esa alianza los representantes de las siguientes organizaciones políticas, sociales y gremiales:

Bancada Democrática Nicaragüense. Luis Roberto Callejas Callejas.
Confederación de Maestros de la Educación.   Profesor José Siero.
Grupo Patriótico de Militares Retirados. Coronel en retiro Carlos Brenes Sánchez
Grupo de Reflexión de la Izquierda. Alejandra Castillo Blanco.
Grupo de Reflexión y Participación Ciudadana. Julio Icaza Gallard.
Juventud Democrática Nicaragüense. Marlia Avendaño Miranda.
Movimiento por Nicaragua. Carlos Tunnerman Bernheim.
Movimiento Autónomo de Mujeres. Sofía Montenegro.
Movimiento Liberal Constitucionalista "Ramiro Sacasa". Carlos Noguera Pastora.
Partido Acción Ciudadana. Moisés Hassan Morales.
Partido Liberal Independiente. Adolfo Martínez Cole.
Partido Movimiento Renovador Sandinista. Ana Margarita Vijil Gurdián.
Unión Ciudadana por la Democracia. Azahalea Solís Román.
Unidad Conservadora. Luciano García.

Unidad por la República se ha comprometido a:

1). Luchar por el establecimiento de una institucionalidad democrática que permita mejorar el nivel y la calidad de vida de todos los nicaragüenses en general, y de la clase más empobrecida de nuestro país en particular.

2). Combatir la dictadura y la corrupción orteguistas, sustituyéndolas por un sistema político auténticamente democrático, condición imprescindible para iniciar el proceso de transformaciones que requiere Nicaragua.

3). Impulsar y lograr establecer una clara separación e independencia de los poderes del Estado, justicia y un verdadero Estado de Derecho, con plena participación de la ciudadanía y respeto a sus derechos civiles, políticos, sociales y culturales, tal como está consagrado en nuestra Constitución Política.

4). Hacer prevalecer el respeto al derecho de los ciudadanos a elegir y ser electos en cargos de representación popular, mediante procesos electorales equitativos, limpios y transparentes; y por la elección en todos los poderes del Estado de personas idóneas, capaces y solventes moralmente, de manera que los funcionarios públicos no representen a partido político alguno y ejerzan sus funciones con autonomía, independencia y profesionalismo. De esta manera, se superaría la actual situación de estar gobernados por poderes que ejercen sus funciones de facto.

5). Erradicar de nuestras prácticas y comportamiento el caudillismo, el personalismo, el hegemonismo, el nepotismo, los pactos y prebendas, vicios que han restado credibilidad al ejercicio de la política y sembrado la discordia y el divisionismo.

6). Anular y desconocer el Convenio firmado por Daniel Ortega con Wang Jing y derogar las leyes inconstitucionales que lo autorizaron, una vez que cambien las circunstancias políticas dictatoriales que han hecho posible tan vergonzosa entrega de la soberanía nacional.

7). Apoyar las justas reivindicaciones sociales de los diferentes sectores del pueblo nicaragüense, agobiados por el hambre y el desempleo, la carestía de la vida, la corrupción y los deficientes servicios públicos, vinculándonos estrechamente a estas luchas.

Unidad por la República se proclama como una alianza amplia e incluyente y se propone como tarea inmediata trabajar en la organización, fortalecimiento y ampliación de los liderazgos locales y las alianzas municipales, como parte del plan de acción a desarrollar en lo inmediato. Además se ha propuesto trabajar en una agenda nacional en consulta con la ciudadanía y los diversos sectores sociales del país, que apunta a la solución de los problemas del pueblo nicaragüense y sus aspiraciones de desarrollo integral.


Si desea leer el Acta Constitutiva completa, presione aquí

lunes, 19 de agosto de 2013

La reforma a la Ley del Seguro Social


Hugo Torres Jiménez

La pretendida reforma a la ley de la seguridad social, más conocida como la Ley del INSS fue formulada entre el gobierno del inconstitucional presidente Ortega, el Banco Central y el Ministerio de Hacienda. Por otra parte, estudios de consultores de la Cepal y del Banco Mundial señalan que el actual sistema de seguridad social es insostenible.
 
La ley de la seguridad social fue promulgada hace 57 años y según los expertos en el tema ya amerita su revisión a fondo, para adecuarla -vía reforma - a los tiempos actuales.

En Nicaragua están afiliados un poco más de 600.000 personas que cotizan periódicamente. En todo este tiempo de existencia, el promedio de personas que logran jubilarse no sobrepasa el 30% de los afiliados; el pico más alto de jubilados fue en el año 1961, con el 30.72% y el más bajo en 1970, cuando se jubiló sólo el 14.5%.

Nicaragua tiene una cobertura en seguridad social del 22% de la población económicamente activa ( P.E.A ) Costa Rica el 80% y Panamá el 90% aproximadamente.

No más del 30% de los y las trabajadores que entran al seguro social logran jubilarse con las 750 semanas de cotización establecidas; eso significa que los que lo logran trabajaron quince años para poder cotizar esa cantidad. De los que entraron al INSS en 1990 sólo el 1.76% están activos; es decir, trabajando.

Del 30% de afiliados que logran jubilarse con las 750 semanas cotizadas, todos se mueren entre los 67 y los 70 años de edad; esto quiere decir que apenas "disfrutan" unos pocos años de su pensión.

La propuesta del régimen Ortega Murillo pretendía asestar una brutal puñalada a los intereses de los trabajadores al querer duplicar la cantidad de semanas a cotizar y elevando la edad para jubilarse hasta los 65 años de edad. Como la reacción de los trabajadores ha sido de firme rechazo a estas medidas, el régimen ha tenido que dar marcha atrás reformulando su propuesta y buscando asestar la misma puñalada, pero camuflándola de aumentos graduales al porcentaje de aportes al seguro social de los trabajadores y empleadores.

Ahora aparecen seudo líderes sindicales, algunos de ellos empresarios de la medicina previsional, queriendo hacer creer que ellos se oponen al aumento de las cotizaciones y de la edad de jubilación; todo, con el fin de enmascarar las puñaladas graduales del aumento  del aporte que los trabajadores tendrían que hacer para salvar al INSS. Otros de estos seudo líderes, vociferan reclamando que la carga recaiga sobre los empleadores. Toda una obra de teatro barata para engañar a los incautos. Como si los nicaragüenses no los conociéramos y supiéramos que ellos juegan el rol que sus jefes les mandan a hacer.

En febrero de este año, el MRS, a través de sus diputados ante la Asamblea Nacional, hizo una propuesta para contribuir a remediar este grave problema; consciente de que es un problema estructural cuya propuesta de resolución debe ser consultada con todos los sectores del país; los que actualmente cotizan y con los que todavía no lo hacen, porque este es un asunto que nos atañe a todos. Para conocer esta propuesta pulse aquí.

Sólo mencionaré algunos puntos de dicha propuesta: a) que el Estado se comprometa a pagarle al INSS los $600.000.000. (seiscientos millones de dólares ) que le adeuda; entregando partidas anuales de cerca de $40.000.000 ( cuarenta millones de dólares ) a un plazo de 25 años y con el 2% de interés; con parte de lo que se sobre recauda cada año el gobierno puede ir honrando esta deuda; lo mismo tiene que hacer el sector privado con su propia deuda, que no es poca; b) crear una norma de afiliación al INSS que haga crecer el número de afiliados entre los trabajadores asalariados en al menos el 1% anual; habrá que desarrollar políticas para incentivar a afiliarse al régimen facultativo del INSS a trabajadores por cuenta propia, y a los profesionales de diversa índole; c) los gastos de administración del INSS no deberán sobrepasar el 6% de los gastos totales de esa institución; actualmente andan por el orden del 11%; d) crear una Superintendencia de Seguridad Social y un Consejo Social del INSS para, entre otras funciones, fiscalizar el uso de los recursos y de las reservas técnicas por un lado, y el presupuesto y las inversiones que esa institución realiza, por el otro.

Además hay que recuperar el dinero de las inversiones del INSS, muchas de las cuales han sido realizadas por orientaciones del gobierno, olvidándose sus autoridades de que el dinero que administran es de los trabajadores y no del gobierno de turno.

Una medida estratégica e impostergable a emprender con urgencia, es la duplicación, cuando menos, del presupuesto de educación, para que cuando los miles de jóvenes que entrarán en los próximos 15 a 20 años al mercado laboral  lo hagan con calificaciones profesionales que les auguren mejores salarios y por ende aporten mejores cotizaciones al seguro, para contribuir a su sostenimiento y para garantizarse mejores pensiones al momento de su jubilación.

Para resolver problemas tan serios como éste es que se necesita gobierno, no para andar en la charangachanga de cultos a la personalidad, ni para realizar oscuros "negocios" a costillas del pueblo trabajador.

lunes, 12 de agosto de 2013

La crisis de la roya y sus consecuencias en Nicaragua




Hugo Torres Jiménez
En días recién pasados el señor Alvaro Reyes, presidente de la Alianza Nacional de Cafetaleros de Nicaragua, alertaba al país sobre el inminente recrudecimiento del ataque de roya que abate gran parte de los plantíos, de la mayoría de fincas dedicadas a la producción de este grano. 

Decía don Alvaro, que especialistas de otros países productores, señalan que ha habido una mutación del hongo original, volviéndose más resistente a los funguicidas que normalmente se aplican para combatirlo. Notoriamente alarmado, trataba de llamar la atención del gobierno instándole a tomar cartas en el asunto, con la asistencia técnica y financiera requeridas, para poder salvar las plantaciones afectadas y evitar la propagación al resto, evitando así las gravísimas consecuencias que tal recrudecimiento tendría sobre las mismas y por ende sobre la vida de miles de productores y trabajadores dedicados a esta labor y sobre la economía nacional. 

Inexplicablemente, el gobierno no ha hecho nada por asistir a los productores, que en un 92% son pequeños, los cuales no gozan de créditos bancarios ni de asistencia técnica gubernamental. De estos más del 45% han sido seriamente afectados por el último ataque.

 La virulencia del ataque en Centro América, obedece, según algunos expertos, al cambio climático que ha elevado las temperaturas en dos grados Celsius en los últimos años, siendo la tendencia a aumentar más en las próximas décadas. El hongo de la roya necesita humedad y calor para desarrollarse.   Este último brote apareció, además de en los lugares  tradicionales,  en sitios más elevados, donde la temperatura era más baja; eso, sumado a los vientos y la presencia de cortadores en plantíos afectados,  dio lugar a su rápida propagación. Hay que tomar en cuenta, también, que muchos de esos plantíos son muy viejos; algunos hasta de veinte o más años de edad.

Cuando la afectación es mayor del 3% ya se considera ataque, pero todavía es controlable hasta en un 5%. El hongo se desarrolla en la hoja, se alimenta de ella y ésta se muere y cae. El funguicida de contacto más usado es el cobre; este tiene una vida útil de veinticinco días. También hay funguicidas sistémicos , que son absorbidos por las plantas pero que a la larga causan toxicidad, bajando la producción.

Se calcula que entre  cuarenta a sesenta mil manzanas, de las ciento setenta mil sembradas, son las afectadas, las cuales, por la falta oportuna de asistencia técnica podrían terminar de ser arrasadas por el ataque mayor que se presagia para los próximos meses. Nicaragua dejó de producir 400.000 quintales de café en la pasada cosecha; si no se atiende el problema dejará de producir cantidades mayores en los próximos años.

Es inconcebible que el gobierno no haya declarado la emergencia fitosanitaria para hacerle frente a este desastre; el único país en Centro América que no lo hizo fue Nicaragua. 

Según nuestros amigos especialistas, el productor que no se tecnifique saldrá del juego en los próximos años. Si sabemos cuáles son los más desvalidos es fácil adivinar quienes serían los que quedarían en la ruina.

Algunas medidas sugeridas son: a) crear un fondo para asistencia urgente con agroquímicos a los pequeños y medianos productores; lo mismo que con asistencia técnica y financiamiento, con cuatro años de gracia para que puedan renovar sus plantíos y ocho de plazo para que paguen la deuda; b) Reformar la Ley 369 o Ley del Café, que según dicen no sirve para nada, para que se convierta en un instrumento para el desarrollo de los pequeños y medianos productores, incorporando en la misma el concepto de desarrollo sostenible de la caficultura; c) desarrollar los centros de investigación tecnológica. El Banco Produzcamos tiene más de sesenta millones de dólares haciendo nada; hay que emplearlos para apoyar estos planes.

A mi juicio este es un problema que debería abordarse a nivel de Centroamérica, ya que es una afectación al Sistema de Integración Eonómica y Social de los países del istmo. Con políticas generalizadas de asistencia técnica y unificando las compras de los funguicidas, fertilizantes y otros productos necesarios para la caficultura, agilizaríamos las respuestas y abarataríamos los costos. Esta región dejó de producir cuatro millones de quintales el año pasado, debido, principalmente, a la roya.

Si este fuera un gobierno serio, que viviera pensando en como resolver los problemas de sus ciudadanos y ciudadanas y cuidando la economía del país, hubiera puesto manos a la obra desde hace meses atrás cuando los productores tocaron las campanas de alerta. 

Pareciera que es más importante realizar actos multitudinarios cuyos costos son de cientos de millones de córdobas, mantener encendidos decenas de árboles de "navidad" todo el año, llenar de rótulos todo el país con la figura del caudillo, destruir rotondas para erigir patéticos monumentos y un rosario más de gastos que ofenden la pobreza de las mayorías. Como más vale tarde que nunca, hay que seguir exigiéndole que cumpla con su deber y atienda como se debe esta problemática.

Para leer la propuesta completa del MRS para apoyar a productoras y productores de café a enfrentar la crisis de la caficultura presione aquí

miércoles, 7 de agosto de 2013

Ley 840 del Canal viola la Constitución



MRS presenta recursos de inconstitucionalidad contra la entrega de la integridad y la soberanía nacional de Nicaragua

En esta semana, el MRS, a través de los miembros de su Comisión Ejecutiva, sus diputados y diputadas, líderes departamentales y municipales, estará presentado diversos recursos de inconstitucionalidad contra la Ley 840, “Ley Especial para el desarrollo de infraestructura y transporte nicaragüense atingente a el canal, zonas de libre comercio e infraestructuras asociadas” promulgada por Daniel Ortega Saavedra, quien usurpa el cargo de presidente de la República.

En los recursos de inconstitucionalidad se fundamentan las violaciones de Ley del Canal a la Constitución de Nicaragua, en lo establecido en al menos 40 artículos de la misma (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 27, 38, 44, 46, 49, 50, 60, 66, 80, 81, 82, 83, 87, 88, 89, 90, 91, 100, 102, 103,  105, 121, 130, 131, 141, 177, 180 y 181, 182 y 183).  

Asimismo, los recursos plantean que la Ley 840 del canal, provocan graves daños a la integridad, la soberanía nacional, los derechos y el patrimonio de los y las nicaragüenses, siendo los principales, los siguientes:

1.  Violación al principio de independencia, soberanía y autodeterminación como derechos irrenunciables del pueblo.

La Constitución afirma claramente que la independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional son derechos irrenunciables del pueblo y fundamentos de la nación nicaragüense y que cualquier intento de menoscabarlos atenta contra la vida del pueblo.

Ortega, con la Ley 840, otorgó dominio exclusivo y total a una empresa extranjera sobre una enorme porción del territorio nacional,  renunciando expresamente a la soberanía que solamente puede ejercer el Estado de Nicaragua, violando también el principio constitucional de preservar la integridad territorial del país.

De acuerdo a la Ley 840 del Canal, en el territorio que controle la empresa extranjera no valdrán las leyes nicaragüenses, ni habrá autoridades administrativas, judiciales, aduaneras, fiscales, policiales o militares, constituyéndose en un verdadero Estado extranjero dentro del Estado de Nicaragua.

De esa manera, los nicaragüenses, en esa zona determinada por la empresa, pierden sus derechos constitucionales (políticos, económicos, sociales, laborales y de cualquier otra índole), pues no será válida ni la Constitución, ni ninguna ley nicaragüense en esa franja de tierra. La empresa extranjera podrá establecer sus propias reglas.

La empresa extranjera HKND o cualquiera de sus empresas socias, no pagarán un centavo como impuestos o tasas por servicio al Estado de Nicaragua, ni a las municipalidades, ni a los gobiernos regionales afectados.

La Ley 840 y los acuerdos suscritos por Ortega con la empresa HKND, obligan al Banco Central de Nicaragua a colocar sus reservas internacionales como garantías frente a una demanda que quiera hacer la empresa extranjera, cuando se considere agraviada.

2.    Violación de las disposiciones constitucionales que protegen la propiedad, los bienes, la cultura y el derecho de autogobierno de las comunidades étnicas y pueblos indígenas.

La Ley 840 somete a la expropiación a los territorios indígenas, conforme la voluntad de una empresa extranjera de utilizar sus territorios y recursos naturales.  Elimina el pago de cualquier tipo de impuestos o tasas a los gobiernos regionales de la Costa Caribe y liquidó el derecho de las comunidades y pueblos indígenas de ser consultados y decidir sobre sus territorios y recursos naturales.

3.    Violación del principio de democracia participativa.

La Ley 840 se aprobó sin consulta alguna con el pueblo, negándole su derecho de decidir y participar libremente en la construcción y perfeccionamiento del sistema económico, político y social de la nación, como establece la Constitución.

4.    Violación de los artículos constitucionales que protegen y cautelan los recursos naturales como patrimonio de los y las nicaragüenses.

Ortega, mediante la Ley 840, cedió absolutamente la totalidad de los recursos en la zona que señale como de su interés, la empresa extranjera, incluyendo tierras, agua, aire, bosques y cualquiera de los recursos naturales.  Ortega concedió, mediante la Ley 840, la posibilidad de que el lago Cocibolca o de Nicaragua, pueda ser objeto de cualquier tipo de afectación, menoscabo y destrucción por la empresa extranjera.

5.    La Ley 840 amenaza el derecho de propiedad, establecido constitucionalmente.

Se establecieron disposiciones especiales que le conceden a la empresa extranjera la facultad de demandar la expropiación de cualquier propiedad (privada, pública, asociativa o comunal), en cualquier parte, sin proceso o arreglo previo, y pagando el valor catastral o menos a los expropiados que no tendrán derecho a oponerse a la expropiación, ante ningún tribunal.

6.    Violación del principio de supremacía de la Constitución.

La Ley 840 establece que toda disposición que se oponga o limite el acuerdo firmado con la empresa HKND, incluyendo la Constitución deberá ser reformada o derogada, estableciendo severas sanciones económicas por cualquier declaratoria de inconstitucionalidad o ilegalidad de la Ley 840 y el acuerdo firmado por Ortega y la empresa extranjera.

Estas y otras disposiciones de la Ley promulgada por Ortega para favorecer a una empresa extranjera HKND, de credenciales desconocidas, están afectando gravemente la naturaleza de Estado Soberano e Independiente de la República de Nicaragua,  están rompiendo su integridad territorial, afectando los derechos y bienes comunes del pueblo nicaragüense.

El MRS está convencido que, más temprano que tarde, el pueblo de Nicaragua, terminará con el régimen vendepatria y entreguista de la familia Ortega Murillo, con sus leyes y acuerdos, con su corrupción y su impunidad, abriendo para Nicaragua sendas de verdadero progreso, justicia y oportunidades.

Managua, 7 de agosto de 2013.

domingo, 4 de agosto de 2013

El oro y sus desgracias



Hugo Torres.

Siempre me he preguntado qué gana Nicaragua con la explotación minera que, a través de oscuras concesiones entregadas a empresas extranjeras -principalmente canadienses y estadounidenses- ha significado la extracción y exportación de millones de libras de oro. 


La minería a cielo abierto y la subterránea de gran profundidad, ocasiona un daño al medio ambiente brutal, sobre todo por la contaminación de las aguas de superficie y subterráneas ocasionada por el vertido de reactivos altamente nocivos para los seres vivos y por las enormes excavaciones que afectan distintos ecosistemas en donde se dan las mismas. 

Apenas el 1% del valor de lo exportado le queda al Estado; de ese porcentaje el 30% debe ir para lo municipios donde está la explotación minera y el resto va a hacienda pública. Si mal no recuerdo las exportaciones declaradas de este rubro el año pasado fueron por el orden de cuatrocientos millones de dólares ($400.000,000.oo) eso significa que apenas quedaron en Nicaragua unos cuatro millones de dólares ($4,000.000.oo).

Pero, además, las empresas declaran como oro chatarra u oro en broza lo que se llevan; esto es con el fin de pagar menos impuestos. Lo que casi nadie sabe es que en ese oro broza o chatarra, van incluidos hasta otros treinta minerales tan o más valiosos que el oro mismo; tales como el platino, plata, cadmio, manganeso, etc. Una vez en el exterior ese oro broza se refina, separando el resto de minerales, los cuales, al venderse, multiplican varias veces las ganancias de los empresarios mineros. 

Apartando los pocos empleos que generan, que suman un mil (1000) entre las mineras de La Libertad y Santo Domingo juntas, ¿cuál es el gran beneficio para nuestro pueblo? 

Los mineros artesanales, mejor conocidos como güiriseros, que suman unos 4.500 en estos dos municipios mencionados, están siendo seriamente afectados por la prohibición de la empresa minera para seguir desarrollando su labor en sus acostumbrados territorios, hoy reclamados como de uso exclusivo de tales empresas. Pero, además, son perseguidos por los secretarios políticos, jueces y alcaldes del orteguismo, lo mismo que por la policía, por el simple hecho de reclamar sus derechos. De nuevo, ahora, están en pie de lucha. 

¿Quién participa en grande de la tajada minera como para, no sólo no proteger, sino reprimir a sus propios conciudadanos?