sábado, 27 de diciembre de 2014

¡Los queremos libres!


El régimen Ortega-Jing mantiene secuestrados a 6 líderes comunitarios y campesinos por protestar contra la entrega de la soberanía nacional, los recursos naturales y las tierras de los campesinos a una empresa china.

Octavio Ortega de Rivas, ha sido golpeado severamente en la cabeza y el abdomen se encuentra con probable fractura costal y se le han negado sus medicamentos contra la diábetes y la hipertensión, poniendo en grave riesgo su vida.  Los otros líderes secuestrados son Ronald Henriquez, Danilo J. Lorío, Freddy Antonio Orozco, Jairo Moisés Lazo Gaitán y Manuel Vega, líderes campesinos de El Tule.

Contamos con una lista adicional de personas que se encuentran desaparecidas, no conociéndose en que estación policial o sitio están retenidas y en qué condición se encuentran.  Esta lista se está actualizando constantemente y se puede leer en el siguiente vínculo en el que está el informe actualizado de secuestrados, desaparecidos y liberados.

miércoles, 3 de diciembre de 2014

¡Nicaragua vale más que un canal!



El próximo miércoles 10 de diciembre,  Día Internacional de los Derechos Humanos se realizará una marcha convocada por organizaciones sociales, ambientalistas, comunitarias y políticas, entre las que se encuentra el MRS, en defensa de nuestra soberanía, nuestros derechos humanos y nuestro patrimonio.

Bajo el lema ¡Nicaragua vale más que un canal! y con la bandera de la patria en alto, nos pronunciaremos contra la concesión otorgada por Ortega a una empresa extranjera y que pretende expropiar a miles de familias, destruir más de doscientas comunidades, regalar nuestros recursos naturales, tierra, agua y aire, afectar gravemente nuestros bosques y nuestro lago Cocibolca y sus islas, ahogar nuestros sitios arqueológicos y lo más grave, dejarnos sin soberanía, ni autodeterminación durante cien años.

Convocamos a cada nicaragüense patriota a manifestarnos el día 10 de diciembre de 2014 a las 8:00 am frente al Hospital Militar en Managua.

¡Llevá tu bandera de Nicaragua!



Insuficiencia renal crónica: un calvario sin respuesta.

El día lunes 1 de diciembre, un grupo de antiguos trabajadores del Ingenio San Antonio que padecen insuficiencia renal crónica, iniciaron una caminata desde la ciudad de Chichigalpa hacia Managua.

Ellos piden ser escuchados y atendidos por las autoridades gubernamentales. Sus demandas son de importancia vital para miles de personas que se encuentran en riesgo de padecer IRC y para centenares que ya la padecen.

La insuficiencia renal crónica ya es una epidemia que afecta a trabajadores y pobladores de la región occidental del país.  Hasta ahora, el MINSA, el MITRAB y otras instituciones han incumplido con su responsabilidad de determinar el origen de la misma y establecer las acciones necesarias para evitar que se extienda.

Los trabajadores que se acercan a Managua en su caminata, piden que se declare zona de emergencia sanitaria el municipio de Chichigalpa, que las instituciones responsables inicien, de forma urgente, un estudio científico para identificar las causas de la epidemia, que el gobierno realice un análisis técnico del nivel de purificación del agua que consume la población de Chichigalpa, que el MINSA desarrolle una atención médica especializada hacia las personas que ya están enfermas de IRC.

Solo la insensibilidad del régimen puede hacer caso omiso de esas demandas de interés de todos.

Quienes ya están enfermos sufren por que no pueden trabajar, carecen de ingresos para su sobrevivencia y la de sus familias, se encuentran en condición de extrema pobreza.  Cada día ven morir a uno de sus antiguos compañeros de trabajo o familiares sin poder hacer nada.

Por eso, además, demandan que la Asamblea Nacional apruebe la iniciativa de reformas a la Ley 456, Ley de Adición de Riesgos y Enfermedades Profesionales para que se contemple su situación y la de quienes en el futuro pueden enfermar.

Proponen una reforma al Código del Trabajo para que cuando un trabajador interponga un reclamo ante el MITRAB por padecimiento de IRC, debidamente diagnosticada por una comisión interinstitucional, el MITRAB ordene al empleador pagar una indemnización, de manera provisional y precautelar, a la persona afectada.

Finalmente, piden que se exija al Ingenio San Antonio cumplir con el arto. 127 del Código del Trabajo.

El MRS se solidariza con todas las personas afectadas por la IRC, con sus familias y con los pobladores de los municipios afectados.

Nos sumamos a su justas demandas. Abogamos por una  pronta respuesta a sus problemas, una inmediata y adecuada atención a sus necesidades de salud y de la sobrevivencia de ellos y sus familias y por el establecimiento de medidas integrales de prevención y atención a esta epidemia.

miércoles, 19 de noviembre de 2014

Soberanía, elecciones libres y oportunidades



El domingo 16 se realizó la sesión ordinaria del Consejo Nacional del MRS, órgano de dirección colectiva, entre cada Convención.

El Consejo abordó la situación de la soberanía nacional y de las comunidades que serán afectadas por el proyecto canalero Ortega-Jing, ratificando el rechazo del MRS al acuerdo y cualquier otra disposición derivada, a las expropiaciones que se pretende hacer al campesinado, la utilización de la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua como guardias de seguridad de la empresa HKN.

Decidimos continuar recurriendo a todos los mecanismos legales nacionales e internacionales para defender la integridad territorial, la soberanía nacional y los derechos de los nicaragüenses y las nicaragüenses.

Asimismo ratificamos que continuaremos informando y explicando al pueblo los daños que ese proyecto puede causar Nicaragua y a los nicaragüense y
convocando, participando y respaldando activamente de la movilización social, hasta lograr la anulación de la Ley 840 y el Pacto Ortega-Jing, restituyendo la soberanía nacional. 

El Consejo también analizó la situación nacional, ratificando nuestro compromiso de acompañar y apoyar la totalidad de las luchas sociales y económicas de todos los sectores del país.

En relación a la proximidad de las elecciones de 2016, el Consejo decidió que el MRS inicie una campaña popular para lograr cambios sustanciales en el sistema electoral que aseguren cedulación universal y elecciones limpias, transparentes y competitivas.

El MRS continuará fortaleciendo su organización territorial y sus redes y, se preparará para participar en los procesos electorales en 2016 y 2017.

De especial importancia es la recuperación de nuestra personalidad jurídica, para lo que damos continuidad a la demanda que tenemos interpuesta en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que ha entrado en una nueva fase.  El Consejo mandató a la Junta Directiva Nacional para que adopte el resto de medidas necesarias parte de nuestra estrategia para contar de nuevo con nuestra personalidad jurídica. 

En cuanto a las alianzas, el Consejo dió especial importancia a continuar impulsando y constituyendo alianzas locales, amplias e incluyentes, así como fortalecer nuestra participación en espacios de unidad como Unidad por la República y en la iniciativa de Hagamos Democracia para construir una propuesta de nación.                                                                                                                                                                 

miércoles, 12 de noviembre de 2014

Policía Nacional: ¿En territorio enemigo?

El cuatro de noviembre, Mariel Silva Barquero, mientras conducía su vehículo en Managua, fue atacada a balazos por un oficial de la inteligencia de la Policía.

Dos días después, un grupo de taxistas que protestaba en Totogalpa por considerarse afectados por el cambio de la parada que tradicionalmente usaban fueron atacados por la Policía Nacional que desplegó sus antimotines con bombas lacrimógenas y fusiles. Un balazo mató al adolescente Kevin Alberto Bautista López, estudiante de tercer año de secundaria.

Al día siguiente, un escolta de la ilegal jefa de Policía, Aminta Granera, disparó contra un motorizado y personas que se encontraban en una parada de buses, causando heridas en dos personas.  Los testigos dicen que escucharon numerosos disparos y otras personas recogieron un grupo grande de casquillos.

El domingo 9, policías de Santo Tomás, Chontales, detuvieron y vapulearon hasta el desmayo a un activista del MRS de la localidad, basados en una denuncia que resultó falsa.

En todos los casos, la Policía Nacional se limita a disculparse, tomarse una foto con los heridos o emitir un comunicado falseando los hechos.

Esos hechos no obedecen a la casualidad, sino a una mentalidad que se ha impuesto en la institución. La Policía Nacional se comporta y reacciona como si estuviese en territorio enemigo. 

Ya no solamente se limita a encubrir y hacerse de la vista gorda frente a la actuación de los grupos de choque del orteguismo, sino que ahora actúa violentamente contra toda protesta social, amenazante contra todo opositor, agresiva contra las y los periodistas y gravemente lesiva contra cualquier persona.

Los líderes orteguistas, hasta los alcaldes, se sobreprotegen con cuerpos de seguridad personal. La conducta de la Policía es producto de los profundos temores de ese grupo de poder autoritario y discriminatorio.

Las operaciones de publicidad policial tienen como límite a la realidad. La Policía no es vista ya como la institución que apoya nuestra seguridad, sino como una entidad, cada vez más alejada del pueblo, de quien hay que cuidarse. 

Así la perciben quienes ven llegar policías acompañando a empleados de una empresa china que miden sus terrenos para expropiárselos. Así la perciben otras personas para quienes la actitud actual de la Policía les recuerda la manera de proceder de los temidos BECAT en la época de la dictadura somocista.

Y como todo se mueve en el sector público por orientaciones expresas del comandante y su esposa, según alegan sus funcionarios, tenemos que pensar que la brutalidad policial es orientada por ellos.

Aún es tiempo de rectificar y enrumbar a la Policía por un cauce de profesionalismo y servicio al pueblo. Para eso bastaría que sus jefes en todos los niveles se decidieran a acatar la Constitución y las leyes y dejaran de sentirse como empleados de una más de las empresas del engranaje familiar de los Ortega Murillo.

Los nicaragüenses exigimos esa rectificación de la Policía Nacional.

miércoles, 15 de octubre de 2014

Negocios turbios: las expropiaciones del proyecto canalero

Ya concluyó el censo que empleados chinos de la empresa HKND, auxiliados de funcionarios nicaragüense, realizaron en la Región Autónoma del Caribe Sur, Nueva Guinea, Río San Juan y Rivas.  Actualmente, los datos se encuentran siendo procesados en una de las instituciones públicas.

En la lista de las posibles expropiaciones están pequeños productores, campesinos y campesinas, medianos propietarios, comerciantes, pequeños y medianos empresarios que realizan diversas actividades económicas, generan empleos y sostienen a sus familias.

La nula transparencia con la que se suscribió el acuerdo canalero y la prisa con la que se aprobó y  promulgó la ley 840 del canal interoceánico,fueron el preludio del enorme negociado que se está gestando a costa de la expropiación de miles de personas.

En círculos gubernamentales se están cocinando, a toda velocidad, los precios de las propiedades que serán objeto de expropiación.

Se trata de una operación diseñada para que pase a los bolsillos de Ortega y su círculo, una gigantesca cantidad de dinero, mediante la colocación de un sobreprecio a las propiedades.

El gobierno pagará un precio por las propiedades, un tanto arriba del valor catastral, para tratar de aplacar la resistencia de los propietarios, aún a sabiendas que no podrán reponer las tierras y activos que pierdan, por la especulación que ya se inició con el precio de los terrenos en el país.

Posteriormente, el gobierno cobrará a la empresa china un valor muy superior que el que pretenden pagar a los posibles expropiados.


Al final, los pequeños y medianos propietarios perderían sus tierras, fincas, negocios y viviendas, producto de su trabajo de toda la vida o de varias generaciones, mientras que los círculos de poder orteguista se embolsarán varios centenares de millones de dólares por el sobreprecio cobrado.

De eso se ha tratado siempre la operación canalera para Daniel Ortega y en cada paso, queda en evidencia su voracidad para ganar dinero a cualquier costo y tratar de consagrarse como la familia más rica y con más poder económico de Nicaragua.


Por eso, Ortega se hace el sordo frente a los reclamos y protestas que se realizan por las comunidades que pueden ser directamente afectadas.  Al igual que se hace el sordo con la protesta de miles de campesinos y campesinas de Rancho Grande que se oponen a la ya otorgada concesión de una explotación minera a cielo abierto.

Mala cuenta hace Ortega si cree que puede continuar haciendo sus negocios turbios a costa de los nicaragüenses.  Los pobladores de Rivas, Río San Juan, Rancho Grande y la Región Autónoma del Caribe Sur le están diciendo que se acabó el tiempo de la corrupción y ha comenzado el tiempo de la esperanza.

jueves, 9 de octubre de 2014

Crece movilización de comunidades de Rivas, Río San Juan y RAAS contra expropiaciones


  Desde el 19 de septiembre, distintas comunidades de los departamentos de Rivas, Río San Juan y la Región Autónoma del Atlántico Sur se está reuniendo, organizando y movilizando en protesta contra el censo que realiza la empresa china HKND y contra el proyecto de desalojo que el gobierno tiene en marcha para facilitar sus operaciones.

A la fecha, las comunidades de Obrajuelo, Santo Domingo Piche, Tronco Solo, Río Grande, Nancite Dulce y otras de los municipios de Potosí, Buenos Aires y San Jorge; así como El Tule en San Miguelito, Río San Juan, han realizado marchas y plantones para hacer saber su descontento con las expropiaciones y liquidación de sus comunidades para entregar sus tierras a una empresa extranjera, confiscándoles los derechos que tienen como nicaragüenses.

El día de  hoy está prevista una nueva protesta, esta vez de las comunidades Unión, Florida, Chacalín, Buenos Aires, Mata de Maíz, Cangrejal, Limones, Zapote, Delirio, Flor Sur, San Jorge y otras del municipio de Nueva Guinea.

El viernes otra protesta se realizará en el municipio de Tola, Rivas.  En apenas dos semanas y media, han marchado más de cinco mil personas.

El clamor es el mismo: las personas y comunidades están constatando que el gobierno de Ortega, los alcaldes y alcaldesas, así como el resto de instituciones y el partido FSLN están completamente al servicio de la empresa HKND y de sus proyectos.  No ha dado la cara ningún funcionario gubernamental, con la excepción de la policía que ha llegado a las comunidades a tratar de intimidar a los pobladores y a sus líderes.

En todas esas comunidades saben que si son desalojados, no solamente perderán sus tierras, sus casas, sino también sus comunidades que serán disueltas.  Perderán sus lazos familiares y comunitarios, su entorno y redes sociales de protección y convivencia.  Saben que sus vidas desmejorarán si son expropiados.

De eso se trata su lucha, de defender su modo de vida y sus propiedades.  Y esa lucha está demandando nuestra solidaridad, puesto que es interés de todos y cada uno de los nicaragüenses conservar la integridad nacional y los derechos que tenemos como ciudadanas y ciudadanos.

El MRS respalda incondicionalmente a las familias y comunidades amenazadas por los proyectos de la empresa china HKND y convoca a todo el pueblo de Nicaragua a expresarles su apoyo.

miércoles, 17 de septiembre de 2014

Comunidades de Rivas se organizan para defenderse




Comunidades de los municipios de Potosí, San Jorge y Rivas se están organizando para defenderse del proyecto del gobierno de desalojarlos de sus tierras, viviendas y propiedades para entregárselas a la empresa china HKND, con el pretexto de la construcción de un canal interoceánico.

La mayoría de los pobladores de esas comunidades son originarias de esos sitios o tienen más de cincuenta años de vivir en ellos.

Su vida, alimentación, trabajo e ingresos depende de los lugares y terrenos en los que viven, dónde siembran y cosechan y de los sitios con acceso al lago en dónde pescan para su sobrevivencia y obtener algún dinero.

Los pobladores se han visto amenazados por la presencia de un grupo de personas de nacionalidad china, acompañadas de soldados y policías armados en actitud amenazante, que han estado invadiendo sus propiedades, sin su autorización y advirtiéndoles que se alisten pues serán sacados de ahí.

A la comunidad Santo Domingo Piche, llegó un oficial de la Policía a realizar actividad política proselitista a favor del gobierno y a tratar de intimidar a los pobladores para que dejen de organizarse y denunciar su situación. La Policía de Rivas está siendo utilizada como servicio de seguidad de los intereses empresariales de la familia Ortega y sus socios chinos de HKND.

En estas comunidades, se ha introducido la zozobra, paralizando las labores habituales de los pobladores, empeorando su precaria situación económica.  Hasta ahora, los alcaldes designados por Ortega, ni ninguna otra institución se han hecho presentes.

El MRS continuará denunciando los atropellos a los pobladores. Seguiremos respaldando la organización y la demanda de las comunidades de Rivas, Chontales y la RAAS, que están siendo amenazadas de ser despojadas para satisfacer los intereses económicos de la familia Ortega y sus socios chinos.

miércoles, 10 de septiembre de 2014

El meteorito o la falta de credibilidad del gobierno


La explosión que se sintió en casi todos los barrios de la capital, pasadas las once de la noche del día sábado 6, la habitual secretividad con que se controló y manejó el sitio durante más de doce horas, la férrea vigilancia militar y policial y las posteriores declaraciones del gobierno de que había sido producida por la caída de un meteorito, han desatado una ola de incredulidad, especulaciones, chistes, burlas e irritación en amplios sectores del pueblo nicaragüense.

Aún antes que científicos de la NASA explicaran que es muy improbable que un meteorito caiga sin ser visto, vecinos de lugar llamaron la atención por el fuerte olor a pólvora que se sintió y por haber visto residuos de un líquido viscoso, semejante a aceite.  El total escepticismo frente a la explicación gubernamental empeoró cuando un medio televisivo difundió un video hecho con imágenes y sonidos plagiados de otros que fueron fácilmente localizados en internet.

Aunque falta por determinarse la verdadera causa de la explosion, lo que ya está completamente claro es el grave deterioro de la credibilidad del gobierno y sus medios de comunicación. Y es lógico que así sea. 

Todos en Nicaragua sabemos que Ortega padece de una enfermedad  que le impide salir a la luz del sol o realizar cierto tipo de actividades.  Todos sabemos que sus apariciones se programan para dar la impresión que todo está bien y que realmente manda en el gobierno. Nadie, ni en las filas del orteguismo, cree el cuento de que está en perfectas condiciones de salud y que se encarga personalmente del gobierno. 

Es una enorme mentira sostenida a la vista de todo el país.  Tan grave como el ocultamiento del verdadero impacto de la sequía; la razón por la que el  precio de los frijoles rojos se tornó inalcanzable o de cómo se convirtió un paquete de cocaína en talco, en manos de la policía.

La falta de credibilidad conlleva falta de legitimidad. Este es un gobierno ilegal, producto del fraude electoral, un engaño masivo, que pretende ejercer el poder continuando su cadena de engaños.

El que miente en lo grande, miente en lo pequeño. A esa conclusión ha llegado la mayoría del pueblo nicaragüense.

El recurrente hábito del gobierno, sus funcionarios y voceros, de mentir, esconder o escamotear la verdad, es ya ampliamente conocido por todos y por eso, la mayoría del pueblo nicaragüense, como se ha demostrado en estos días, se siente ofendida y recurre a la burla y el desprecio, como una forma de protesta.

Aunque nunca se sepa cuál fue la verdadera causa de la explosión del sábado, lo que si sabemos es que junto a ella se terminó de desintegrar la escasa credibilidad del régimen de Ortega.


miércoles, 3 de septiembre de 2014

¿Quién responde por la vida de los mineros?

El gobierno anunció ayer que las labores de búsqueda y rescate en la mina El Comal, en Bonanza, habían concluido. Veinte mineros fueron rescatados a tiempo, pero hoy, las familias de siete mineros enfrentan el dolor de la pérdida irreparable de sus padres, hermanos o hijos, sin tener siquiera el alivio de darles sepultura.

Los rescatistas y demás mineros hicieron todo lo que pudieron y merecen nuestro reconocimiento.  Sin embargo, hay muchas preguntas que demandan respuesta del gobierno.

Los mineros no eran simplemente trabajadores por cuenta propia, sino que laboraban para tres dueños de concesiones en el cerro El Comal. La broza, producto de su trabajo, era vendida por éstos a la empresa minera HEMCO que posee explotaciones de extracción de oro en ese municipio.  Los concesionarios o "dueños de puntos" como les llaman, no han dado la cara.

Es imprescindible que se realice una investigación que determine si las instituciones correspondientes cumplieron con su obligación de prevenir, advertir y clausurar las instalaciones en el cerro El Comal.  Si no lo hicieron, debe conocerse la razón y exigirse sanciones ejemplares.

De igual manera, debe determinarse la responsabilidad de los concesionarios que contratan trabajadores a quienes no les aseguran las condiciones de seguridad esenciales y sus derechos laborales. Si habían sido advertidos del riesgo de derrumbe en El Comal y no pararon las actividades de extracción de broza, han incurrido en un delito contra la vida y la integridad de esos trabajadores.

Finalmente, es necesario conocer el papel de la empresa HEMCO que compra el material que extraen esos concesionarios, que para todos los fines actúan como sus subcontratistas.  ¿Cuál es su responsabilidad en lo que ha sucedido?

Una investigación seria, profesional e independiente debería darnos respuesta sobre lo que ha sucedido y emitir recomendaciones cuyo cumplimiento riguroso eviten que nuevos accidentes evitables puedan volver a suceder.

Bonanza es un municipio con grandes riquezas que son explotadas por unos pocos, mientras la inmensa mayoría de sus habitantes vive en condiciones de gran pobreza.

Investigar, deslindar responsabilidades y proceder en consecuencia, es la única manera en que podrá honrarse la vida y el trabajo de los mineros que han muerto mientras buscaban el sostén de sus familias.

Para sus familias, nuestra conmovida solidaridad.