miércoles, 26 de marzo de 2014

Nicaragua necesita un cambio total de árbitros.





En la Asamblea Nacional se ha formado una comisión especial para el nombramiento de 54 cargos vencidos que son ocupados ilegalmente, en virtud de un decreto de Ortega.


De todos ellos, dos grupos son especialmente importantes para el pueblo nicaragüense: los magistrados del Consejo Supremo Electoral y los de la Corte Suprema de Justicia.  Los primeros encargados de desempeñarse como árbitros en los procesos electorales y los segundos de arbitrar en los conflictos entre particulares o de éstos con las instituciones.

Es del conocimiento público que los árbitros electorales han sido responsables directos de 5 fraudes electorales en fila, ampliamente documentados, denunciados y repudiados por el pueblo nicaragüense.

También, no es un secreto que, el sistema judicial está gravemente minado por la corrupción y la parcialización oficialista, lo que quedó completamente en evidencia en el caso del cambiolín de cocaína a talco para salvar el pellejo del hermano de un boxeador afín al régimen. Muy pocos tienen fe en un sistema judicial que no resuelve conflictos durante años, que libera a culpables y condena a inocentes, y que incluso se atrevió a reformar la Constitución ilegalmente para satisfacer las ambiciones reeleccionistas de Ortega.

No se puede confiar en que habrá juego limpio con los mismos árbitros que han cometido esos desmanes.

Restablecer la confianza en los procesos electorales es esencial para la paz política del país.  Restablecer la confianza en el sistema judicial es esencial para asegurar la paz social. 

Para ello, se impone el cambio total de magistrados electorales y judiciales, por personas honestas e independiente que hagan valer el voto de cada nicaragüense y su aspiración de justicia imparcial. 

Ortega está dispuesto a ceder algunos cargos en cada uno de esos órganos del Estado, pero se asegurará el control de la mayoría absoluta en cada caso, para volver por el camino del fraude electoral y seguir con la manipulación de la administración de justicia.

Pero, hay quienes piensan que dos o tres magistrados electorales opositores, pueden hacer una diferencia. Si queremos saberlo, basta recordar la reciente elección en la Costa Caribe que el PLI y YATAMA calificaron de fraudulentas. En ambas regiones, en no pocas circunscripciones, los consejos electorales eran presididos e integrados por fuerzas opositoras al régimen, pero fueron impedidos o no pudieron evitar ese nuevo fraude.

¿Qué creen que pasará con los magistrados opositores en un Consejo presidido por Roberto Rivas e integrado por una mayoría dependiente de la voluntad política de Ortega?

Por eso hemos dicho que hay pasos previos para asegurar una buena elección de magistrados electorales y judiciales.  El diálogo es uno de ellos.  Los obispos han mostrado y manifestado su voluntad de sentarse con Ortega a conversar sobre los problemas que aquejan al país y a los nicaragüenses.  Ese diálogo podría ser el preludio de uno más amplio, si Ortega tuviese la voluntad de enrumbar el país por otro camino, el del respeto a la voluntad popular y la legalidad.

Hasta ahora, todas las señales apuntan a que habrá más de lo mismo: Ortega y su régimen tratando de buscar legitimidad, haciendo como que cambiarán algo, para no cambiar nada.