miércoles, 11 de junio de 2014

De Policía Nacional a policía orteguista



La bancada orteguista y sus aliados en la Asamblea Nacional aprobarán una nueva Ley de Policía, sin consultar la opinión del pueblo nicaragüense, desprecio que es tradicional en el régimen actual. 
La ley satisface la ambición de la familia gobernante de contar con un aparato represivo, fiel a sus intereses.
 

Subordina la institución directamente al inconstitucional Ortega, quien se guarda la potestad de otorgar prebendas y privilegios a los oficiales para tratar de comprar su incondicionalidad.
 

Para silenciar a quienes revelan la corrupción y los abusos del régimen, la ley prohíbe a personas naturales y jurídicas, la realización de “actividades de investigación privada”.
Así se pretende callar a periodistas y medios de comunicación independientes, a organizaciones de derechos humanos y otras organizaciones sociales y no gubernamentales, a los abogados, iglesias y hasta a estudiantes universitarios que realicen investigaciones que no sean del agrado policial. Se le entrega una gran mordaza a la familia gobernante para ser usada como instrumento de persecución política.   
 

A la vez, se trata de establecer que la única investigación legal y válida a ser presentada en los tribunales de justicia, será la de la Policía. Una persona acusada de un delito no podrá argumentar en su defensa los resultados de su propia investigación o peritaje, quedando en la indefensión. Con esta ley, se avala la conversión de cocaína en talco y todas las tropelías que se realizan desde algunas oficinas policiales para asegurar impunidad de culpables o para condenar a inocentes.  
 

La ley no servirá para bajar los delitos, el tráfico de drogas en los barrios y en los alrededores de las escuelas, la robadera en todas partes, el incremento de los asesinatos y femicidios, que hacen que el pueblo se sienta cada vez más inseguro en sus casas, calles y comunidades.
 

Esa ley no resuelve el abuso de autoridad y de la fuerza, que se ha convertido en una práctica policial bastante generalizada. Tampoco asegura el respeto a los derechos humanos de quienes caen presos y son recluidos en las celdas de las estaciones de policía, en las que el abuso sexual, las coimas, la violencia física, el hacinamiento y las condiciones inhumanas son cada vez más graves. La ley no eliminará la complicidad de la policía con grupos de choque y agentes oficialistas que le hacen la vida imposible a las familias en las comunidades. 
 

El pueblo nicaragüense quiere una Policía Nacional eficiente, respetuosa de los derechos humanos de todas y todos los nicaragüenses y vinculada a las necesidades de las comunidades.
 
Desde el MRS no avalamos, ni aprobamos una ley que transforma la Policía Nacional en policía orteguista, sin resolver los grandes desafíos institucionales y sociales de la institución.  Por esas razones, nuestros diputados en la Asamblea Nacional, votarán en contra de ese adefesio legal.