miércoles, 30 de julio de 2014

Justicia, seguridad y alimentos


Los ataques criminal del 19 de julio y la reacción posterior de la Policía han puesto de relieve importantes deficiencias de la seguridad pública en el país.

A la fecha, las fuerzas policiales han sido incapaces de dar respuesta a las numerosas preguntas que la ciudadanía se hace en relación a los motivos y responsables de los ataques.  La Policía careció de información y no prestó la seguridad necesaria a quienes se movilizaban. Una fuerza policial sorprendida por actos de esa magnitud, es un motivo de preocupación adicional a su partidización y al debilitamiento de su profesionalismo.

Los días posteriores han mostrado otro rostro del problema. Fuerzas policiales, actuando sin identificación, ni orden de captura, han allanado viviendas y sitios de trabajo, detenido y golpeado personas en distintos municipios del país, apuntado con armas a niños y niñas dentro de sus casas, negado información a las familias, a medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos, sobre el paradero de sus parientes capturados.

La Policía ha hecho alarde de violencia policial y arbitrariedad, en un actuación que solo puede revivir viejas heridas, pues la percepción dominante es que esas investigaciones y capturas están orientadas contra opositores al régimen y alimentadas por deseos de vindicta por parte de activistas orteguistas que no están satisfechos con la explicación oficial de que los atacantes del 19 de julio eran delincuentes comunes y que los únicos encausados sean, hasta ahora, tres militantes del FSLN y un chofer que prestaba su unidad de transporte para movilizar sus simpatizantes. Los civiles encapuchados que acompañan a esas fuerzas, señalando casas y personas, provocan todo tipo de recelos e irritación en las comunidades.

¿Qué explicación puede dar la Policía de esa actuación violatoria de los derechos humanos, de que se haya prohibido a los habitantes de Ciudad Darío circular más allá de las nueve de la noche? Lo hemos dicho y lo repetimos: no se pueden defender los derechos humanos, violando los derechos humanos. Demandamos una investigación profesional y seria sobre la masacre del 19, un trato humano como manda la ley a detenidos e investigados y el cese de la política ofensiva y represiva contra comunidades en dónde hay investigados. Asimismo demandamos una investigación a fondo del asesinato del ex combatiente de la Resistencia Nicaragüense, Carlos García, de los motivos y de los responsables.

Si la seguridad y la tranquilidad pública son esenciales, también lo es la seguridad alimentaria. Desde hace semanas los productores han alertado a la ciudadanía sobre los efectos de un invierno deficiente e irregular que ha afectado a agricultores y ganaderos y que según organizaciones de productores, puede producir hambruna en ciertas zonas rurales del país y un incremento adicional de precios al frijol y maíz que afecte a los consumidores.

A la fecha el gobierno ha sido incapaz de reaccionar al problema a tono con la gravedad del mismo.  Mientras en otros países centroamericanos se ha declarado emergencia alimentaria y los gobiernos se aprestan a apoyar a productores y consumidores, en Nicaragua las instituciones responsables han sido incapaces de informar sobre el alcance de los daños a la producción y peor aún, no han podido activar mecanismos que puedan contribuir a enfrentar y paliar la situación.

Los ganaderos, en especial los pequeños, están librados a su propia suerte.  Un mínimo fondo prestado por el gobierno ni siquiera ha podido ser desembolsado, mientras el tiempo corre. Otros productores han perdido lo que poseían de semilla, sin que tengan a su alcance suficiente disponibilidad de la misma. Consumidores sufren la libra de frijol más cara de la década cuyo precio ha llegado a poco más de treinta córdobas..  El alza de los precios en frijoles y maíz afecta en especial a las familias nicaragüenses más pobres, quienes consumen esos granos básicos en los tres tiempos de comida, afectando drásticamente sus escasos ingresos.

En tiempos complejos se evidencia la eficiencia o deficiencia de las instituciones. No abona a la seguridad del pueblo nicaragüense una Policía poco profesional que viole los derechos humanos de quienes no son afines al régimen.  Tampoco abona a la seguridad alimentaria instituciones paralizadas frente a una situación de emergencia, que aún no ha concluido. Las dos situaciones han mostrado la incapacidad del régimen en asuntos de vital importancia para el pueblo nicaragüense.

Enmendar la plana requiere de una Policía que adquiera un sólido compromiso con el servicio a todos los nicaragüenses sin distinción alguna.  Enfrentar las consecuencias de un mal invierno, requiere una inmediata declaratoria de emergencia alimentaria, el recuento de los daños actuales y previsibles, un plan de acción para enfrentarlos y la disponibilidad de los recursos para hacer efectivas las acciones.