miércoles, 6 de agosto de 2014

La represión no busca justicia, sino venganza



 Familiares de Zacarías Cano
Fotografía de Carlos Herrera/Confidencial

La noche del lunes 4 de agosto, fuerzas policiales allanaron y registraron la vivienda de Silvia Suárez, directora de la fundación Casira, que trabaja apoyando a mujeres víctimas de la violencia de género. Cuando Silvia reclamó las razones y pidió la orden judicial, obtuvo como respuesta que era por andar metiéndose en política y que no tenían papel de ningún juez, pues era una "orden del presidente".

Esa respuesta ilustra con toda claridad la situación.  Por órdenes de Ortega,  a quien ya no le interesa disimular que incumple las leyes, la Policía y fuerzas del Ejército han realizado allanamientos masivos, capturas y secuestro de personas en los municipios de Totogalpa, San Ramón y Ciudad Darío.  En otras comunidades ejecutan acciones de hostigamiento contra personas y familias identificadas como opositoras o simplemente como independientes, las que son amenazadas incluso de muerte.

Gran parte de los detenidos y acosados son  antiguos miembros de la Resistencia Nicaragüense, que perciben en la actuación del gobierno una decisión de reprimirlos por su identificación política.

Mientras tanto, en los medios radiales de la familia Ortega, se vierten amenazas contra activistas y defensores de derechos humanos, con especial saña contra el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, su directora, la Dra. Vilma Núñez y contra el abogado Gonzalo Carrión quien ha acompañado a las familias de detenidos y secuestrados, trabajo que el régimen considera indeseable.

Al día de hoy, ninguna autoridad da referencia del paradero de Zacarías Cano, Ricardo Cortés, Óliver Meza, Rosendo Huerta, Eddy Gutiérrez, Jairo Alberto Obando Delgadillo, algunos de ellos activistas del PLI, quienes fueron sacados de su casa, sin orden judicial, por miembros de la Policía, el Ejército y civiles encapuchados.

La Policía solamente ha puesto a la orden del juez a tres campesinos y el dueño de uno de los buses, capturados el día 20 de julio, a quienes se acusa de conspiración y crimen organizado.  No se está  buscando los culpables de la masacre realizada el 19 de julio en Darío y San Ramón. Todos los hechos apuntan a que la Policía y las fuerzas del Ejército están ejecutando una venganza política de la familia en el poder.

Ortega aprovecha las circunstancias para orquestar una campaña orientada a atemorizar a quienes se le oponen.  Es el corolario natural de la concentración de poder que ha acumulado mediante fraudes y corrupción y que no le basta. Quiere también un pueblo silenciado por el miedo.

El MRS condena la represión desatada por el orteguismo, la utilización y manipulación de las fuerzas policiales y del Ejército para ejercer represión política, facilitada ahora por las reformas al Código Militar y a la ley de la Policía.

Demandamos que la Policía informe el estado de las investigaciones sobre los autores de la masacre del 19 de julio, que enlutó a cinco familias nicaragüenses.

Demandamos a la Policía y al Ejército, que informen de los detenidos y secuestrados por sus efectivosExigimos que se detenga esa campaña represiva y que, el usurpador del Poder Ejecutivo y esas instituciones respeten los derechos humanos de todos los nicaragüenses, sin distinción.