miércoles, 3 de diciembre de 2014

Insuficiencia renal crónica: un calvario sin respuesta.

El día lunes 1 de diciembre, un grupo de antiguos trabajadores del Ingenio San Antonio que padecen insuficiencia renal crónica, iniciaron una caminata desde la ciudad de Chichigalpa hacia Managua.

Ellos piden ser escuchados y atendidos por las autoridades gubernamentales. Sus demandas son de importancia vital para miles de personas que se encuentran en riesgo de padecer IRC y para centenares que ya la padecen.

La insuficiencia renal crónica ya es una epidemia que afecta a trabajadores y pobladores de la región occidental del país.  Hasta ahora, el MINSA, el MITRAB y otras instituciones han incumplido con su responsabilidad de determinar el origen de la misma y establecer las acciones necesarias para evitar que se extienda.

Los trabajadores que se acercan a Managua en su caminata, piden que se declare zona de emergencia sanitaria el municipio de Chichigalpa, que las instituciones responsables inicien, de forma urgente, un estudio científico para identificar las causas de la epidemia, que el gobierno realice un análisis técnico del nivel de purificación del agua que consume la población de Chichigalpa, que el MINSA desarrolle una atención médica especializada hacia las personas que ya están enfermas de IRC.

Solo la insensibilidad del régimen puede hacer caso omiso de esas demandas de interés de todos.

Quienes ya están enfermos sufren por que no pueden trabajar, carecen de ingresos para su sobrevivencia y la de sus familias, se encuentran en condición de extrema pobreza.  Cada día ven morir a uno de sus antiguos compañeros de trabajo o familiares sin poder hacer nada.

Por eso, además, demandan que la Asamblea Nacional apruebe la iniciativa de reformas a la Ley 456, Ley de Adición de Riesgos y Enfermedades Profesionales para que se contemple su situación y la de quienes en el futuro pueden enfermar.

Proponen una reforma al Código del Trabajo para que cuando un trabajador interponga un reclamo ante el MITRAB por padecimiento de IRC, debidamente diagnosticada por una comisión interinstitucional, el MITRAB ordene al empleador pagar una indemnización, de manera provisional y precautelar, a la persona afectada.

Finalmente, piden que se exija al Ingenio San Antonio cumplir con el arto. 127 del Código del Trabajo.

El MRS se solidariza con todas las personas afectadas por la IRC, con sus familias y con los pobladores de los municipios afectados.

Nos sumamos a su justas demandas. Abogamos por una  pronta respuesta a sus problemas, una inmediata y adecuada atención a sus necesidades de salud y de la sobrevivencia de ellos y sus familias y por el establecimiento de medidas integrales de prevención y atención a esta epidemia.