viernes, 29 de agosto de 2014

¿Por qué el gobierno tiene menos dinero y recorta gastos sociales?




Víctor Hugo Tinoco, vicepresidente y diputado del MRS, señala al gobierno de favorecer los intereses de viejas y nuevas oligarquías, a la que pertenecen, reduciendo los ingresos tributarios y forzando un recorte al presupuesto que afecta el gasto de salud, educación, el pago al INSS y transferencias para proyectos municipales.

Régimen de Ortega aplica política neoliberal


Enrique Sáenz, diputado del MRS, nos habla de las razones por las que Ortega recortó el presupuesto y de la política económica neoliberal que ha estado aplicando en detrimento de los que tienen menos recursos.

miércoles, 20 de agosto de 2014

¿Quién pagará los platos rotos?

 
Albarda sobre aparejo, solían decir los campesinos para referirse a una situación que los afectaba por partida doble.  Bien se aplica el dicho al recorte presupuestario que el régimen de Ortega está imponiendo y que afectará al pueblo nicaragüense, que ya está sufriendo el alto precio de la canasta básica y los efectos de la sequía.

Ortega hizo una reforma tributaria que ha resultado ser un fracaso y que redujo la cantidad de dinero disponible para el gasto del gobierno. Ahora hacen falta 1,042 millones de córdobas.  Alguien tiene que pagar.

El recorte presupuestario afecta sectores muy sensibles para la población.

Se disminuyen las transferencias a las municipalidades que se verán obligadas a eliminar proyectos de inversión en las localidades y, se recortan fondos para proyectos de carreteras y caminos.  Habrá menos empleo y movimiento económico en los territorios.

Al ministerio de educación se le recortan fondos para reparar escuelas; al ministerio de salud, se le quita dinero para contratar nuevas plazas y se afecta la educación técnica con el ajuste a INATEC.  El gobierno dejará de pagar su deuda con el INSS lo que siempre termina afectando a los asegurados y jubilados.

Y el tijeretazo también va sobre el subsidio a la energía eléctrica a los que menos consumen y el subsidio para compra de vivienda populares.

Como se puede ver fácilmente, quienes pagan los platos rotos son los trabajadores y trabajadoras, las personas jubiladas, los sectores medios, las comunidades con mayor necesidad.

Pero, en el mismo proyecto, hay unos que ganan, los de siempre. Mientras se recorta el gasto social y de inversión pública, se incrementa el presupuesto a la presidencia.  Eso explica que hayan aparecido nuevos rótulos de publicidad del régimen, mientras el pueblo pasa necesidades.

Son los signos de los tiempos.  Un mal gobierno que disimulaba su incapacidad cuando había dinero.  Ahora que no hay, es evidente su insensibilidad e ineficiencia.

El Grupo Parlamentario del MRS votará en contra de esa propuesta de reforma presupuestaria de Ortega.  Si quieren recortar presupuesto que lo hagan con el gasto suntuario y superficial, con el despilfarro del régimen.

domingo, 10 de agosto de 2014

Reglamento a Ley 779 atenta contra la vida y la integridad de las mujeres


El 31 de julio recién pasado, Ortega que ejerce ilegal e inconstitucionalmente la presidencia de la República, publicó un Reglamento a la Ley 779 que atenta contra la vida y la integridad de las mujeres nicaragüenses.

El reglamento tiene graves implicaciones para las mujeres que sufren  violencia física, psicológica y patrimonial, pues aleja su acceso a la justicia, sometiéndolas, antes de cualquier denuncia ante la Policía, al arbitrio de los gabinetes de la familia, estructuras partidarias de la familia Ortega que quedan facultadas para intervenir. 

Son conocidos los procedimientos de muchos de los integrantes de esos gabinetes de la familia, que trafican con las necesidades de las personas en las comunidades y que en no pocas ocasiones sirven de acompañantes a abusadores y victimarios.  

El ilegal reglamento aumenta los trámites que deben cumplir las víctimas, violando los principios de celeridad y de no victimización secundaria.  Además, pretende eliminar la celeridad en el otorgamiento de medidas precautelares.

Además de los efectos en la integridad de las mujeres, a quienes coloca en un riesgo mayor, también tiene un grave efecto en el ya deteriorado y maltrecho Estado de Derecho.
 
Es sabido que ningún reglamento puede modificar, reformar o contravenir la ley que lo origina, pues viola la jerarquía jurídica, uno de los principios necesarios a todo Estado de Derecho. Ortega en su reglamento, modifica el espíritu, el objeto y las disposiciones de la Ley 779, facultad que corresponde exclusivamente a la Asamblea Nacional. Ortega se ha arrogado así las funciones de la Asamblea Nacional, lo que lo reafirma como usurpador de funciones.

La Ley 779 originalmente no requería reglamentación alguna. La reforma realizada mediante la Ley 846 que entró en vigencia el primero de octubre de dos mil trece estableció su reglamentación, la que debía hacer el Poder Ejecutivo, en un plazo no mayor de sesenta días según el artículo 150, inciso 10 de la Constitución Política de la República.  Ortega emitió un reglamento fuera del plazo legal, lo que lo vuelve fraudulento e ilegal.

Finalmente, el reglamento de Ortega pretende introducir reformas en la legislación penal, que no es, en absoluto, materia de un decreto ejecutivo, violando el Código Penal y el Código Procesal Penal, confirmando la vocación y práctica autoritaria del régimen y su amenaza a todos los sectores sociales del país.

La Ley 779 fue el resultado de un amplio proceso de consulta y de análisis sobre la violencia que sufren miles de mujeres en nuestro país y había sido aprobada para salvar las vidas y proteger la integridad de las mujeres. El Reglamento de Ortega, está hecho para lo contrario.
Reiteramos nuestra exigencia:
a)    La derogatoria inmediata de ese reglamento ilegal.
b)   A la Asamblea Nacional para que proceda a recurrir contra el reglamento de Ortega, por haber invadido y usurpado las funciones que le corresponden. 
c)    A los jueces y juezas, funcionarios del Ministerio Público y Policía les exigimos que actúen conforme establece la Ley 779 y no un reglamento ilegal.
d)   Que el estado garantice los recursos materiales y humanos adecuados que permitan la efectiva implementación de la ley 779 tal y como se establece en la misma.

Si el gobierno mantiene ese reglamento y pretende imponerlo, se convierte en promotor de la violencia, en responsable directo de las amenazas y lesiones a la vida e integridad de las mujeres.

La Red de Mujeres del MRS rechaza de plano los intentos de liquidar la Ley 779 y convoca a todos y todas las nicaragüenses a defenderla.

Managua, 10 de agosto de 2014


miércoles, 6 de agosto de 2014

La represión no busca justicia, sino venganza



 Familiares de Zacarías Cano
Fotografía de Carlos Herrera/Confidencial

La noche del lunes 4 de agosto, fuerzas policiales allanaron y registraron la vivienda de Silvia Suárez, directora de la fundación Casira, que trabaja apoyando a mujeres víctimas de la violencia de género. Cuando Silvia reclamó las razones y pidió la orden judicial, obtuvo como respuesta que era por andar metiéndose en política y que no tenían papel de ningún juez, pues era una "orden del presidente".

Esa respuesta ilustra con toda claridad la situación.  Por órdenes de Ortega,  a quien ya no le interesa disimular que incumple las leyes, la Policía y fuerzas del Ejército han realizado allanamientos masivos, capturas y secuestro de personas en los municipios de Totogalpa, San Ramón y Ciudad Darío.  En otras comunidades ejecutan acciones de hostigamiento contra personas y familias identificadas como opositoras o simplemente como independientes, las que son amenazadas incluso de muerte.

Gran parte de los detenidos y acosados son  antiguos miembros de la Resistencia Nicaragüense, que perciben en la actuación del gobierno una decisión de reprimirlos por su identificación política.

Mientras tanto, en los medios radiales de la familia Ortega, se vierten amenazas contra activistas y defensores de derechos humanos, con especial saña contra el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, su directora, la Dra. Vilma Núñez y contra el abogado Gonzalo Carrión quien ha acompañado a las familias de detenidos y secuestrados, trabajo que el régimen considera indeseable.

Al día de hoy, ninguna autoridad da referencia del paradero de Zacarías Cano, Ricardo Cortés, Óliver Meza, Rosendo Huerta, Eddy Gutiérrez, Jairo Alberto Obando Delgadillo, algunos de ellos activistas del PLI, quienes fueron sacados de su casa, sin orden judicial, por miembros de la Policía, el Ejército y civiles encapuchados.

La Policía solamente ha puesto a la orden del juez a tres campesinos y el dueño de uno de los buses, capturados el día 20 de julio, a quienes se acusa de conspiración y crimen organizado.  No se está  buscando los culpables de la masacre realizada el 19 de julio en Darío y San Ramón. Todos los hechos apuntan a que la Policía y las fuerzas del Ejército están ejecutando una venganza política de la familia en el poder.

Ortega aprovecha las circunstancias para orquestar una campaña orientada a atemorizar a quienes se le oponen.  Es el corolario natural de la concentración de poder que ha acumulado mediante fraudes y corrupción y que no le basta. Quiere también un pueblo silenciado por el miedo.

El MRS condena la represión desatada por el orteguismo, la utilización y manipulación de las fuerzas policiales y del Ejército para ejercer represión política, facilitada ahora por las reformas al Código Militar y a la ley de la Policía.

Demandamos que la Policía informe el estado de las investigaciones sobre los autores de la masacre del 19 de julio, que enlutó a cinco familias nicaragüenses.

Demandamos a la Policía y al Ejército, que informen de los detenidos y secuestrados por sus efectivosExigimos que se detenga esa campaña represiva y que, el usurpador del Poder Ejecutivo y esas instituciones respeten los derechos humanos de todos los nicaragüenses, sin distinción.