miércoles, 17 de septiembre de 2014

Comunidades de Rivas se organizan para defenderse




Comunidades de los municipios de Potosí, San Jorge y Rivas se están organizando para defenderse del proyecto del gobierno de desalojarlos de sus tierras, viviendas y propiedades para entregárselas a la empresa china HKND, con el pretexto de la construcción de un canal interoceánico.

La mayoría de los pobladores de esas comunidades son originarias de esos sitios o tienen más de cincuenta años de vivir en ellos.

Su vida, alimentación, trabajo e ingresos depende de los lugares y terrenos en los que viven, dónde siembran y cosechan y de los sitios con acceso al lago en dónde pescan para su sobrevivencia y obtener algún dinero.

Los pobladores se han visto amenazados por la presencia de un grupo de personas de nacionalidad china, acompañadas de soldados y policías armados en actitud amenazante, que han estado invadiendo sus propiedades, sin su autorización y advirtiéndoles que se alisten pues serán sacados de ahí.

A la comunidad Santo Domingo Piche, llegó un oficial de la Policía a realizar actividad política proselitista a favor del gobierno y a tratar de intimidar a los pobladores para que dejen de organizarse y denunciar su situación. La Policía de Rivas está siendo utilizada como servicio de seguidad de los intereses empresariales de la familia Ortega y sus socios chinos de HKND.

En estas comunidades, se ha introducido la zozobra, paralizando las labores habituales de los pobladores, empeorando su precaria situación económica.  Hasta ahora, los alcaldes designados por Ortega, ni ninguna otra institución se han hecho presentes.

El MRS continuará denunciando los atropellos a los pobladores. Seguiremos respaldando la organización y la demanda de las comunidades de Rivas, Chontales y la RAAS, que están siendo amenazadas de ser despojadas para satisfacer los intereses económicos de la familia Ortega y sus socios chinos.

miércoles, 10 de septiembre de 2014

El meteorito o la falta de credibilidad del gobierno


La explosión que se sintió en casi todos los barrios de la capital, pasadas las once de la noche del día sábado 6, la habitual secretividad con que se controló y manejó el sitio durante más de doce horas, la férrea vigilancia militar y policial y las posteriores declaraciones del gobierno de que había sido producida por la caída de un meteorito, han desatado una ola de incredulidad, especulaciones, chistes, burlas e irritación en amplios sectores del pueblo nicaragüense.

Aún antes que científicos de la NASA explicaran que es muy improbable que un meteorito caiga sin ser visto, vecinos de lugar llamaron la atención por el fuerte olor a pólvora que se sintió y por haber visto residuos de un líquido viscoso, semejante a aceite.  El total escepticismo frente a la explicación gubernamental empeoró cuando un medio televisivo difundió un video hecho con imágenes y sonidos plagiados de otros que fueron fácilmente localizados en internet.

Aunque falta por determinarse la verdadera causa de la explosion, lo que ya está completamente claro es el grave deterioro de la credibilidad del gobierno y sus medios de comunicación. Y es lógico que así sea. 

Todos en Nicaragua sabemos que Ortega padece de una enfermedad  que le impide salir a la luz del sol o realizar cierto tipo de actividades.  Todos sabemos que sus apariciones se programan para dar la impresión que todo está bien y que realmente manda en el gobierno. Nadie, ni en las filas del orteguismo, cree el cuento de que está en perfectas condiciones de salud y que se encarga personalmente del gobierno. 

Es una enorme mentira sostenida a la vista de todo el país.  Tan grave como el ocultamiento del verdadero impacto de la sequía; la razón por la que el  precio de los frijoles rojos se tornó inalcanzable o de cómo se convirtió un paquete de cocaína en talco, en manos de la policía.

La falta de credibilidad conlleva falta de legitimidad. Este es un gobierno ilegal, producto del fraude electoral, un engaño masivo, que pretende ejercer el poder continuando su cadena de engaños.

El que miente en lo grande, miente en lo pequeño. A esa conclusión ha llegado la mayoría del pueblo nicaragüense.

El recurrente hábito del gobierno, sus funcionarios y voceros, de mentir, esconder o escamotear la verdad, es ya ampliamente conocido por todos y por eso, la mayoría del pueblo nicaragüense, como se ha demostrado en estos días, se siente ofendida y recurre a la burla y el desprecio, como una forma de protesta.

Aunque nunca se sepa cuál fue la verdadera causa de la explosión del sábado, lo que si sabemos es que junto a ella se terminó de desintegrar la escasa credibilidad del régimen de Ortega.


miércoles, 3 de septiembre de 2014

¿Quién responde por la vida de los mineros?

El gobierno anunció ayer que las labores de búsqueda y rescate en la mina El Comal, en Bonanza, habían concluido. Veinte mineros fueron rescatados a tiempo, pero hoy, las familias de siete mineros enfrentan el dolor de la pérdida irreparable de sus padres, hermanos o hijos, sin tener siquiera el alivio de darles sepultura.

Los rescatistas y demás mineros hicieron todo lo que pudieron y merecen nuestro reconocimiento.  Sin embargo, hay muchas preguntas que demandan respuesta del gobierno.

Los mineros no eran simplemente trabajadores por cuenta propia, sino que laboraban para tres dueños de concesiones en el cerro El Comal. La broza, producto de su trabajo, era vendida por éstos a la empresa minera HEMCO que posee explotaciones de extracción de oro en ese municipio.  Los concesionarios o "dueños de puntos" como les llaman, no han dado la cara.

Es imprescindible que se realice una investigación que determine si las instituciones correspondientes cumplieron con su obligación de prevenir, advertir y clausurar las instalaciones en el cerro El Comal.  Si no lo hicieron, debe conocerse la razón y exigirse sanciones ejemplares.

De igual manera, debe determinarse la responsabilidad de los concesionarios que contratan trabajadores a quienes no les aseguran las condiciones de seguridad esenciales y sus derechos laborales. Si habían sido advertidos del riesgo de derrumbe en El Comal y no pararon las actividades de extracción de broza, han incurrido en un delito contra la vida y la integridad de esos trabajadores.

Finalmente, es necesario conocer el papel de la empresa HEMCO que compra el material que extraen esos concesionarios, que para todos los fines actúan como sus subcontratistas.  ¿Cuál es su responsabilidad en lo que ha sucedido?

Una investigación seria, profesional e independiente debería darnos respuesta sobre lo que ha sucedido y emitir recomendaciones cuyo cumplimiento riguroso eviten que nuevos accidentes evitables puedan volver a suceder.

Bonanza es un municipio con grandes riquezas que son explotadas por unos pocos, mientras la inmensa mayoría de sus habitantes vive en condiciones de gran pobreza.

Investigar, deslindar responsabilidades y proceder en consecuencia, es la única manera en que podrá honrarse la vida y el trabajo de los mineros que han muerto mientras buscaban el sostén de sus familias.

Para sus familias, nuestra conmovida solidaridad.