miércoles, 15 de octubre de 2014

Negocios turbios: las expropiaciones del proyecto canalero

Ya concluyó el censo que empleados chinos de la empresa HKND, auxiliados de funcionarios nicaragüense, realizaron en la Región Autónoma del Caribe Sur, Nueva Guinea, Río San Juan y Rivas.  Actualmente, los datos se encuentran siendo procesados en una de las instituciones públicas.

En la lista de las posibles expropiaciones están pequeños productores, campesinos y campesinas, medianos propietarios, comerciantes, pequeños y medianos empresarios que realizan diversas actividades económicas, generan empleos y sostienen a sus familias.

La nula transparencia con la que se suscribió el acuerdo canalero y la prisa con la que se aprobó y  promulgó la ley 840 del canal interoceánico,fueron el preludio del enorme negociado que se está gestando a costa de la expropiación de miles de personas.

En círculos gubernamentales se están cocinando, a toda velocidad, los precios de las propiedades que serán objeto de expropiación.

Se trata de una operación diseñada para que pase a los bolsillos de Ortega y su círculo, una gigantesca cantidad de dinero, mediante la colocación de un sobreprecio a las propiedades.

El gobierno pagará un precio por las propiedades, un tanto arriba del valor catastral, para tratar de aplacar la resistencia de los propietarios, aún a sabiendas que no podrán reponer las tierras y activos que pierdan, por la especulación que ya se inició con el precio de los terrenos en el país.

Posteriormente, el gobierno cobrará a la empresa china un valor muy superior que el que pretenden pagar a los posibles expropiados.


Al final, los pequeños y medianos propietarios perderían sus tierras, fincas, negocios y viviendas, producto de su trabajo de toda la vida o de varias generaciones, mientras que los círculos de poder orteguista se embolsarán varios centenares de millones de dólares por el sobreprecio cobrado.

De eso se ha tratado siempre la operación canalera para Daniel Ortega y en cada paso, queda en evidencia su voracidad para ganar dinero a cualquier costo y tratar de consagrarse como la familia más rica y con más poder económico de Nicaragua.


Por eso, Ortega se hace el sordo frente a los reclamos y protestas que se realizan por las comunidades que pueden ser directamente afectadas.  Al igual que se hace el sordo con la protesta de miles de campesinos y campesinas de Rancho Grande que se oponen a la ya otorgada concesión de una explotación minera a cielo abierto.

Mala cuenta hace Ortega si cree que puede continuar haciendo sus negocios turbios a costa de los nicaragüenses.  Los pobladores de Rivas, Río San Juan, Rancho Grande y la Región Autónoma del Caribe Sur le están diciendo que se acabó el tiempo de la corrupción y ha comenzado el tiempo de la esperanza.

jueves, 9 de octubre de 2014

Crece movilización de comunidades de Rivas, Río San Juan y RAAS contra expropiaciones


  Desde el 19 de septiembre, distintas comunidades de los departamentos de Rivas, Río San Juan y la Región Autónoma del Atlántico Sur se está reuniendo, organizando y movilizando en protesta contra el censo que realiza la empresa china HKND y contra el proyecto de desalojo que el gobierno tiene en marcha para facilitar sus operaciones.

A la fecha, las comunidades de Obrajuelo, Santo Domingo Piche, Tronco Solo, Río Grande, Nancite Dulce y otras de los municipios de Potosí, Buenos Aires y San Jorge; así como El Tule en San Miguelito, Río San Juan, han realizado marchas y plantones para hacer saber su descontento con las expropiaciones y liquidación de sus comunidades para entregar sus tierras a una empresa extranjera, confiscándoles los derechos que tienen como nicaragüenses.

El día de  hoy está prevista una nueva protesta, esta vez de las comunidades Unión, Florida, Chacalín, Buenos Aires, Mata de Maíz, Cangrejal, Limones, Zapote, Delirio, Flor Sur, San Jorge y otras del municipio de Nueva Guinea.

El viernes otra protesta se realizará en el municipio de Tola, Rivas.  En apenas dos semanas y media, han marchado más de cinco mil personas.

El clamor es el mismo: las personas y comunidades están constatando que el gobierno de Ortega, los alcaldes y alcaldesas, así como el resto de instituciones y el partido FSLN están completamente al servicio de la empresa HKND y de sus proyectos.  No ha dado la cara ningún funcionario gubernamental, con la excepción de la policía que ha llegado a las comunidades a tratar de intimidar a los pobladores y a sus líderes.

En todas esas comunidades saben que si son desalojados, no solamente perderán sus tierras, sus casas, sino también sus comunidades que serán disueltas.  Perderán sus lazos familiares y comunitarios, su entorno y redes sociales de protección y convivencia.  Saben que sus vidas desmejorarán si son expropiados.

De eso se trata su lucha, de defender su modo de vida y sus propiedades.  Y esa lucha está demandando nuestra solidaridad, puesto que es interés de todos y cada uno de los nicaragüenses conservar la integridad nacional y los derechos que tenemos como ciudadanas y ciudadanos.

El MRS respalda incondicionalmente a las familias y comunidades amenazadas por los proyectos de la empresa china HKND y convoca a todo el pueblo de Nicaragua a expresarles su apoyo.