domingo, 12 de julio de 2015

Frente a la muerte de tres personas una disculpa de la jefatura policial no es suficiente




Los nicaragüenses nos encontramos profundamente conmovidos por la muerte de la joven Katherine Domínguez, de 22 años,  Efraín Ramírez, de 11 y una niña,  todos pertenecientes a la familia Reyes Delgadillo como consecuencia del ataque realizado por un destacamento antidrogas de la Policía Nacional que les disparó, en el sector de Las Jagüitas, en Managua.  Otros  miembros de la familia se encuentran en grave condición en un hospital de la capital.  A ellos van nuestros votos para que sobrevivan a sus heridas, nuestras condolencias y solidaridad.   

Desde hace tiempo, la Policía Nacional ha venido evolucionando para peor, pasando de ser una institución profesional, confiable, a una fuerza cuya actuación es violatoria de los derechos humanos y está determinada por el interés político de la familia en el poder.

Las denuncias contra el abuso policial son cada vez más frecuentes y generalizadas.  En las semanas recién pasadas conocimos la denuncia por la “muerte súbita” dentro de las celdas policiales en Somoto, de Harold Francisco Flores Balladares, de 27 años. Su familia afirmó que presentaba desprendimiento del hígado y lesiones en varias partes del cuerpo. Otros presos han dicho que fue pateado y golpeado por policías.  En Sébaco, la madre del joven Donald Gabriel Salgado Palacios, denunció que su hijo fue muerto por un disparo a quemarropa realizado por un oficial policial que ya lo había capturado.  No hace mucho una joven denunció haber sido violada por un oficial en una celda de un distrito de Managua.   

El miércoles 8 la Policía capturó, detuvo y golpeó con violencia a diputados y manifestantes que expresaban su protesta por elecciones limpias y honestas. La golpiza, robo de pertenencias y destrucción de sus equipos alcanzó a varios periodistas que cubrían la actividad.  En semana santa, miles de nicaragüenses pudimos ver como el empresario Milton Arcia fue vapuleado por la Policía para ocupar su propiedad. En diciembre del año pasado, fuerzas policiales detuvieron, golpearon, asaltaron y torturaron a líderes y manifestantes campesinos que protestaban contra el proyecto de construcción de un canal interoceánico. Y hace ya dos años, jóvenes del movimiento OcupaINSS que respaldaban la demanda de las personas de la tercera edad por su pensión reducida, fueron atacados, asaltados, golpeados y robados por fuerzas orteguistas en combinación y coordinación con fuerzas y oficiales policiales.  Aún esperan que se inicie la investigación.

El informe anual del CENIDH 2014, abunda en denuncias sobre abusos y desmanes policiales que han llevado a la muerte a personas o han causado daños graves en su integridad física y psicológica y, en sus propiedades.  La Policía se ha convertido en una amenaza más a nuestra seguridad.

La Policía Nacional atraviesa un profundo proceso de descomposición que está tras los abusos y muertes denunciadas.  La ausencia de investigación de los abusos, la impunidad y la falta de justicia en cada caso señalado ha dado un mensaje a cada policía de que puede utilizar la fuerza según convenga para fines particulares o políticos.  De estos extremos alertamos cuando se produjo la reforma a la legislación policial para convertir a la institución en un instrumento de la familia en el poder. En el gobierno de Ortega recae plenamente la responsabilidad de haber llevado por este camino a la Policía Nacional.   

El MRS condena el asesinato cometido la noche de ayer contra miembros de la familia Reyes.  Demandamos una investigación exhaustiva, un juicio ejemplar, una verdadera sanción en este como en los otros casos denunciados en los últimos años. Nada les devolverá a sus seres queridos a las familias afectadas, pero se puede evitar el sufrimiento de otras.  

Consideramos indispensable una reforma profunda a la institución policial para que deje de ser una policía política, una fuerza que actúa sin ley y pueda convertirse en una institución profesional que nos proporcione seguridad por igual a todos los nicaragüenses, sin distinción.

Es lo que cada nicaragüense está diciendo: no es suficiente una disculpa o una condolencia de la jefa “de facto” de la Policía, ni siquiera la restricción de los hechores, su baja deshonrosa, ni un juicio, o una sanción de la que pronto se libran los acusados.  

La Policía Nacional debe cambiar para cumplir con el mandato constitucional de protegernos.

Managua 12 de julio de 2015.