sábado, 12 de septiembre de 2015

Por la paz y la estabilidad en la Costa Caribe



 Fotografía de La Prensa

Desde hace mucho tiempo, autoridades comunitarias de distintos territorios pertenecientes al pueblo miskito, han venido denunciando la invasión de colonos y la apropiación ilegal de sus tierras.  En los últimos días, este conflicto ha escalado con enfrentamientos entre comunitarios miskitos y colonos, reportándose ya la muerte de al menos un comunitario en La Esperanza.
Las autoridades gubernamentales y regionales tienen una responsabilidad amplia en lo que sucede.  De acuerdo con la Ley 445, los territorios indígenas debían pasar un proceso de saneamiento para resolver la situación planteada por los colonos tradicionales, pero contrario al mandato de esa ley, autoridades gubernamentales nacionales y regionales se han dado a la tarea de deslegitimar autoridades territoriales comunitarias y, en no pocos casos, estimular el colonato con fines de negociados corruptos.  Ha habido manifiesta negligencia en el abordaje del conflicto, lo que ha llevado a que se haya roto la paz y la estabilidad en las regiones del Caribe.

Desde el MRS, demandamos que el gobierno cumpla íntegramente con el mandato de la Ley 445 de titular la totalidad de los territorios de pueblos indígenas y de comunidades étnicas de las regiones caribeñas, de proceder al saneamiento de las tierras indígenas para preservar la integridad de los territorios indígenas y garantizar la propiedad de los comunitarios.
Por otra parte, el gobierno debe proporcionar respuestas a las demandas de tierra de los colonos cuando éstas obedezcan a fines de sobrevivencia de las familias, no a transacciones corruptas y amañadas.
Es responsabilidad del gobierno asegurar que vuelva la paz y la estabilidad en las regiones del Caribe y eso pasa por escuchar, respetar y construir soluciones con las autoridades territoriales del pueblo miskito.
Es tiempo de reconstruir la autonomía de las Regiones Autónomas que implica el respeto y garantías al pleno ejercicio de los derechos que la Constitución concede a los pueblos originarios y comunidades étnicas.
Managua, 12 de septiembre de 2015.