miércoles, 28 de enero de 2015

El gobierno contra el campesinado

Fotografía de Carlos Herrera, Confidencial.

 El gobierno contra el campesino.  Esa es la percepción creciente en el campo en Nicaragua.  El crimen del productor Modesto Duarte y el uso de una mochila-bomba contra un grupo de rearmados, ha dejado un ánimo adverso al Ejército y a las fuerzas gubernamentales entre los campesinos de Pantasma.

Estos hechos se suman a la represión de diciembre, del movimiento campesino en defensa de sus tierras y al despliegue militar y policial en cada vez más amplias zonas de la región central del país.

El Obispo de Jinotega, Monseñor Carlos Herrera ha demandado una investigación y pedido se haga justicia. También ha advertido de la creciente inestabilidad, e incertidumbre que se vive en su departamento.  Otro obispo, el de Estelí, en los últimos años, ha afirmado que existen grupos armados de orientación política en las montañas.

El gobierno y las autoridades militares y policiales han asegurado que se trata de grupos de delincuentes comunes, aunque en esas zonas, la población conoce de cada vez más grupos armados operando.  La opción del gobierno de Ortega ha sido la de utilizar la fuerza militar y policial sin más resultado que el de aumentar la conflictividad.

En la agenda del gobierno, el diálogo no es posible, ni deseable con el campesinado.  No se ha querido escuchar a quienes se han ido rearmando, ni se quiere escuchar a quienes se sienten amenazados de perder sus tierras, viviendas y comunidades.  El gobierno ha decidido recurrir a la violencia física, sin reparar en daños y consecuencias.

Ninguna autoridad se preocupa siquiera por guardar las apariencias, iniciando una investigación seria.  Ni sobre el abuso de la fuerza, los golpes y torturas propinados por la Policía a los líderes campesinos en diciembre, ni sobre este crimen de El Portal en el que las familias han acusado directamente al Ejército.

El régimen de Ortega está reviviendo el fantasma de la guerra en las montañas y el campo de Nicaragua.  Todos sabemos lo grave que es ese escenario.

Otro camino supone diálogo, procesos políticos y electorales transparentes y justicia.  Si no hay diálogo con el campesinado, si la población siente que no consigue justicia y que no puede cambiar al gobierno por que le roban su voto, la inestabilidad se elevará, sin ventajas para nadie.

jueves, 15 de enero de 2015

Baja el petróleo, pero la factura de energía eléctrica no


En los últimos tres meses el precio internacional del petróleo y sus derivados ha venido bajado drásticamente y según los entendidos, continuará haciéndolo este año, para estabilizarse en un precio bajo durante los próximos años.

Quienes poseen vehículos han visto reducirse los precios de los combustibles, aunque no al ritmo deseado.  Pero hay otros estrechamente vinculados al del petróleo que no bajan.  El más importante de ellos es la factura de energía eléctrica que se ha mantenido alta sin explicación alguna.  Y el otro, es el del transporte interurbano que exhibe precios de cuando los combustibles estaban mucho más caros.

La caída de los precios del petróleo ha puesto a flotar en el ambiente un problema que es bastante conocido y ha sido muy denunciado.  La familia Ortega y la empresa ALBANISA tienen control de la importación de petróleo, de parte de las empresas de generación eléctrica y de la empresa TSK dueña de la distribución de energía.

Los altos precios de la energía eléctrica afectan a los consumidores, a los más pobres, a la clase media, a los productores que utilizan riego, a los industriales y empresarios cuyos negocios dependen del uso de energía eléctrica y que representa uno de sus costos principales.

Nicaragua es uno de los países del mundo con tarifas tan elevadas que vuelve poco competitivo al país, afecta seriamente a las pequeñas y medianas empresas y en consecuencia, a la creación de empleos.  La reducción de las tarifas eléctricas puede beneficiar a prácticamente todos los nicaragüenses, excepto a quienes se están lucrando de manera ilegítima en ese negocio.

No hay ninguna razón técnica que justifique mantener los precios elevados.  El gobierno está obligado a:
  • Mostrar las cuentas claras de la importación de petróleo y la distribución de combustibles.
  • Mostrar las cuentas claras del entramado de negocios con la generación y distribución de electricidad de TSK, Albanisa y otras empresas vinculadas a la familia Ortega.
  • Reducir las distintas tarifas de energía eléctrica, tando las que pagan los consumidores, como los empresarios agrícolas e industriales.
  • Reducir el precio de los combustibles en similar magnitud de la reducción del precio internacional.
  • Asegurar una importación de petróleo al menor precio posible para beneficiar al país.  
Nicaragua es uno de los países del mundo con tarifas tan elevadas que vuelve poco competitivo al país, afecta seriamente a las pequeñas y medianas empresas y en consecuencia, a la creación de empleos.

La reducción de las tarifas eléctricas puede beneficiar a prácticamente todos los nicaragüenses, excepto a quienes se están lucrando de manera ilegítima en ese negocio.