miércoles, 13 de julio de 2016

Ortega se impone, Nicaragua paga.

En las últimas semanas, el régimen de Daniel Ortega ha proporcionado nuevas evidencias de su naturaleza totalitaria. A la expulsión de la oposición del proceso electoral, se han seguido de acciones represivas contra ciudadanos extranjeros. Durante el mes de junio, sin mediar ninguna causa legal, fueron expulsados del país, tres funcionarios estadounidenses, una académica mexicana y seis  jóvenes ambientalistas, cuatro de ellos mejicanos, una argentina y un costarricense.

El 14 de junio, fue expulsado Evan Ellis, politólogo estadounidense, experto en relaciones entre China y América Latina y quien se encontraba en el país para realizar investigaciones académicas sobre el pretendido canal interoceánico.  Simultáneamente fueron expulsados dos funcionarios de aduana del gobierno de los Estados Unidos, encargados de certificar los procesos logísticos de empresas nicaragüenses que exportan a ese país.

El 25 de junio, fueron capturados, aislados, sometidos a interrogatorios y presiones diversas, los jóvenes Salvador Tenorio, Emmanuel de Luz Ruiz, Daniel Espinoza y Eugenio Paccelli Chávez, mexicanos, el costarricense Byron Reyes y la argentina Ana Laura Rodríguez.  Durante más de 48 horas, la Policía no dio información alguna de su situación o paradero.  Todos eran miembros de la Caravana Mesoamericana para el Buen Vivir quienes se encontraban en la comunidad rural de La Fonseca, en una zona por la que previsiblemente atravesará el canal interoceánico, al sur oriente del país. Los jóvenes trabajaban con las familias campesinas el uso de técnicas para hornear, amigables con el ambiente.

El 28 de junio, fue expulsado José María Reyes, promotor ambiental hondureño residente en Nicaragua desde hace más de 20 años.   Reyes era uno de los promotores del Grupo Veda Verde que ha estado muy activo en la denuncia de los daños ambientales y al bosque, causados por la masiva deforestación. A inicios de junio, el estudiante mexicano Jobany Torres, fue expulsado en extrañas circunstancias, después de aparecer con evidente señales de haber sufrido torturas físicas mientras estuvo detenido y aislado por la policía nicaragüense.

La mayoría de las expulsiones han tenido en común alguna vinculación, directa o indirecta, con el proyecto de construcción del canal interoceánico y los daños ambientales, que Ortega maneja con secretismo, aislamiento de las comunidades y represión a sus líderes.

En nueve años de gobierno, Ortega ha sacado del país a unas treinta personas, incluyendo periodistas, comunicadores y a la última representante del PNUD en Nicaragua. ]Todas revelan una política de xenofobia selectiva aplicable contra ciudadanos extranjeros a quienes considera adversarios, críticos a su proyecto o que simplemente no se alinean a las posiciones oficialistas.

Ortega ha extendido esa actitud de confrontación a gobiernos extranjeros, organismos multilaterales como la OEA y su Secretario General; y también a organizaciones privadas como el Centro Carter, por expresar su interés en elecciones limpias, honestas y competitivas, con observación internacional calificada e independiente.  Todo apunta a procurar el aislamiento del país, para tratar de impedir que la opinión pública internacional se informe de manera veraz y que se produzcan reacciones de condena a lo que está sucediendo.

Las acciones gubernamentales preocupan al sector empresarial, por el daño ya causado al comercio exterior con los Estados Unidos y a eventuales daños futuros a las relaciones comerciales de Nicaragua. Y no es un supuesto falso.  A la fecha, los gobiernos de los Estados Unidos de América, México y Costa Rica -tres importantes socios comerciales de Nicaragua-, han emitido alertas con recomendaciones especiales a sus nacionales que pretendan viajar a nuestro país.

Adicionalmente, un grupo de diez congresistas demócratas y republicanos que incluyen a la Congresista Ileana Ros-Lehtinen (R-FL), Presidente del Subcomité del Medio Oriente y África del Norte, y el Congresista Albio Sires (D-NJ), Miembro de Alto Rango del Subcomité del Hemisferio Occidental, Mario Díaz-Balart (R-FL), Tony Cárdenas (D-CA), Jeff Duncan (R-SC), Donald Norcross (D-NJ), Carlos Curbelo (R-FL), Henry Cuellar (D-TX), Ted Yoho (R-FL),  y Brendan Boyle (D-PA), han introducido una iniciativa bipartidista, que lleva el nombre de   H.R. 5708 –el Nicaraguan Investment Conditionality Act (NICA) de 2016.

El proyecto de ley manda al presidente que instruya a los Directores Ejecutivos estadounidenses para que en cada institución financiera en la que estén representados, se opongan con voz y voto, "a cualquier tipo de préstamo para el régimen nicaragüense, hasta que el Secretario de Estado certifique que Nicaragua está tomando acciones eficaces para celebrar elecciones libres, justas, y transparentes verificadas por observadores confiables domésticos e internacionales,  promover principios democráticos, fortalecer el estado de derecho, y respetar la libertad de asociación y expresión."

Nicaragua ya está pagando un precio elevado, situación que puede empeorar por la decisión del régimen de Ortega de cerrar las puertas a un cambio de gobierno por la vía electoral. Ya está claro, que la farsa electoral carece desde ya de legitimidad y legalidad.  Las acciones de Ortega y su gobierno violentan la Carta Democrática Interamericana, tal como afirmó Human Rights Foundation (HRF), el pasado 30 de junio.

Para el MRS, nos corresponde a los nicaragüenses hacer que Nicaragua se encauce en un camino de democracia , transparencia, elecciones libres y observadas, respeto a nuestras libertades cívicas y a nuestros derechos humanos; que se encauce en un camino de progreso y soberanía.

En el MRS creemos firmemente que solo podremos lograrlos si nos expresamos por todos los medios, si nos movilizamos, si nos organizamos, si desenmascaramos la farsa electoral, si rechazamos formar parte de ella.