miércoles, 26 de abril de 2017

¡Derogar la vendepatria Ley 840! Un clamor nacional


Durante casi 4 años, el movimiento campesino, indígena y ciudadano de todo el país ha estado demandando la derogación de la vendepatria Ley 840 que le entregó una enorme porción del territorio nacional, tierras campesinas e indígenas, aguas, lago y recursos naturales a una empresa china de dudosa factura.

Ya está claro que el proyectado canal interoceánico era una enorme estafa, un pretexto para que la familia Ortega M y sus socios de la empresa HKND, se apropiaran de una gigantesca concesión que les permita expropiar las tierras que deseen, usar los recursos que deseen y revender en tajadas menores la mega concesión y  enriquecerse así, a costa  del sufrimiento de los campesinos, campesinas e indígenas, de la propiedad de todo el pueblo y de la soberanía nacional.

El sábado 22 recién pasado se realizó la protesta número 87 por la derogación de la Ley 840. Ortega, en lugar de escuchar el clamor nacional, envió a fuerzas antimotines para cercar la ciudad de Juigalpa, impedir el libre tránsito de las personas,  bloquear la movilización de las caravanas campesinas que desde las distintas comunidades de Nueva Guinea y El Tule llegarían a la marcha.  La delegaciones que de distintos lugares del país pretendieron llegar fueron detenidas, en Ochomogo, en Ocotal, en el empalme de Boaco.

De nuevo quedó en evidencia que en Nicaragua no existe la libertad de movilización y se violenta el derecho a la libre protesta de los ciudadanos.   Quedó en evidencia una vez más que la Policía, en lugar de cumplir con su papel, se ha transformado en un instrumento de represión del vendepatria Ortega.  

Sin embargo,  ni la coerción, ni la represión, ni las amenazas, ni el uso de la fuerza policial, han podido frenar la lucha popular contra el proyecto canalero de Ortega. En cada lugar donde fueron detenidas las caravanas y participantes se hizo la protesta: en La Lechera, en El Tule, en Ochomogo, en el Empalme de Boaco y en Juigalpa.  Ortega fracasó de nuevo. 

Tal vez  por eso recurren al atentado personal.  En meses pasados, a doña Francisca Ramírez, líder del Consejo de las Tierras la Policía le ocupó ilegalmente su camión, durante semanas.  Ahora una mano criminal desde la sombra, atentó contra su hijo Maynor. La Policía se niega a tomar, siquiera, la denuncia, quedando así como cómplices por omisión.  

Pero nada les ha servido y nada les servirá.  

Los nicaragüenses seguiremos defendiendo nuestra soberanía nacional contra la aberrada Ley 840. Seguiremos defendiendo el derecho de los campesinos e indígenas a sus tierras.  Seguiremos defendiendo nuestros recursos naturales y la integridad del Lago Cocibolca, pues ese es nuestro patrimonio, para bienestar y progreso de todos los nicaragüenses. 

Desde el MRS, estaremos en donde esté esa lucha.  Así lo hemos hecho desde el momento de la aprobación de la concesión canalera y seguiremos haciéndolo hasta lograr la derogación y anulación completa de la oprobiosa y vendepatria Ley 840. 

lunes, 3 de abril de 2017

Rechazamos cierre del programa Onda Local

El programa Onda Local, que dirige la periodista Patricia Orozco y que se transmitía cada viernes por Radio La Primerísima ha sido sacado del aire por decisión de APRANIC, que figura como dueña de la radio.

Este es un zarpazo más que la familia Ortega Murillo, propina a la libertad de expresión de los nicaragüenses y un paso más en su afán de controlar completamente todos los espacios en los medios de comunicación independientes o que no están bajo su dominio.  

Onda Local, es un espacio independiente, dedicado a dar voz a las comunidades y sectores sociales para la expresión de sus demandas políticas, económicas, sociales o gremiales.  Onda Local era considerado una amenaza a los intereses del orteguismo de cara a la farsa municipal que está por iniciarse en el país. Esa es la razón por la que se está tratando de liquidarlo. 

Rechazamos éste y todos los intentos de los Ortega Murillo por acallar al  periodismo y a los medios de comunicación independientes de Nicaragua.

Llamamos a la solidaridad con Onda Local y sus periodistas que han decidido no callarse.  

El programa podrá ser escuchado en línea en www.ondalocal.com.ni

A los periodistas y a la directora del programa Onda Local, les decimos que cuenten con nosotros. 

Managua 3 de abril de 2017

martes, 21 de febrero de 2017

¡Queremos Patria y Libertad!


Patria y Libertad.  Así sintetizó Sandino su ideal y el objetivo de su lucha. Hoy a 83 años de su asesinato, un 21 de febrero de 1934, ese lema de Patria y Libertad sigue siendo actual.

La lucha de Sandino pretendía recuperar la soberanía nacional, liquidada por la ocupación militar estadounidense y la entrega de los recursos nacionales a los interventores extranjeros. Nicaragua hoy, de nuevo se encuentra con su soberanía mancillada por la Ley 840 que otorgó a una empresa extranjera de maletín, una concesión que con el pretexto de construir un canal interoceánico, le ha servido en bandeja la apropiación de nuestros recursos naturales, le da la posibilidad de despojar a miles de familias campesinas e indígenas, de destruir el Lago Cocibolca y cortar el país en pedazos.

Ya está claro que el proyecto del canal interoceánico es una mentira más del régimen de Ortega y una maniobra para seguir enriqueciéndose. Mientras tanto, campesinos e indígenas de Rivas, Chontales, la Región Autonóma del Caribe Sur y Río San Juan, viven en la inestabilidad y la zozobra, no pueden hacer uso de sus recursos, ni invertir en sus tierras y casas, pues están virtualmente confiscados y permanentemente amenazados. Por demandar respeto a sus derechos han sido perseguidos y reprimidos brutalmente.

Solo puede haber Patria verdadera, con soberanía. Solo puede haber soberanía, si es derogada la Ley 840.

La libertad, entonces, es esencial. El orteguismo se ha robado las elecciones de nuevo y controla, como partido único, la Asamblea Nacional. Los diputados orteguistas obedientes a los intereses de la familia en el poder, votaron a favor de la Ley 840 y la defienden.

Para derogar la Ley 840, para recuperar la soberanía nacional, tenemos que recuperar la libertad. Recuperar nuestras libertades, de organización, de movilización y de elegir y ser electos, para que sean los verdaderos representantes del pueblo quienes recuperen nuestros recursos, terminen con la corrupción y devuelvan a los campesinos e indígenas, su tranquilidad.

En el MRS estamos comprometidos con ese lema de Patria y Libertad. Patria con soberanía, con progreso, con oportunidades, con solidaridad, con democracia y libertades.

Por eso nos encontrarán en la lucha para acabar con la onerosa concesión canalera entregada a esa empresa extranjera y en la lucha por nuevas eleccciones nacionales limpias, transparentes y competitivas.

miércoles, 8 de febrero de 2017

Por un trato justo y digno para nuestros compatriotas en los Estados Unidos

En el MRS vemos con gran preocupación las políticas de la nueva administración estadounidense del presidente Trump, respecto a los migrantes y a su posible impacto en la comunidad nicaragüense en ese país.  En los Estados Unidos residen más de medio millón de nuestros compatriotas. Por su esfuerzo, nuestro país recibe más de seiscientos millones de dólares al año, en concepto de remesas familiares.
 
Pese al aporte que nuestra comunidad junto a migrantes de otros países, hacen a la economía y a la sociedad estadounidense, la administración Trump ha establecido un discurso oficial de rechazo y hostilidad hacia ellos, responsabilizando injustamente a los inmigrantes de los problemas de seguridad y empleo que padecen comunidades en los Estados Unidos.  Nuestra comunidad migrante sufre, actualmente, un alto grado de incertidumbre y preocupación sobre las condiciones de su continuidad en los Estados Unidos.
 
Nuestros migrantes son quienes más dinero invierten en Nicaragua. Esos fondos han sido, desde hace años, el factor más importante en la reducción de pobreza de familias y comunidades en el país. En reconocimiento a su esfuerzo, desde hace varios años, hemos demandado al régimen de Ortega, la atención a su situación integral, velar por sus derechos humanos e implementar el voto en el exterior. Pero, el gobierno ha desoído a los migrantes nicaragüenses y ha reprimido a los de otros países. 
 
La realidad que viven actualmente nuestros migrantes demanda acciones urgentes. Por eso, de nuevo demandamos al Estado de Nicaragua, a sus instituciones, que establezcan las condiciones para asegurar un trato justo y digno para nuestros compatriotas en los Estados Unidos.
 
En particular, consideramos indispensable:  

1. Que las instituciones gubernamentales y las dependencias del sistema judicial y el sistema electoral, organicen sus capacidades para responder a las necesidades de los migrantes nicaragüenses.   

Los requerimientos y procedimientos para la cedulación de los nicaragüenses en el exterior y para la tramitación de pasaportes, deben ajustarse. Cada migrante, en cualquier parte del mundo, debería poder tramitar su cédula de identidad y su pasaporte, en línea, y obtener esos documentos de forma expedita, sin que le sean cobrados servicios consulares, migratorios o de otras instituciones. 

2. Los representantes diplomáticos de Nicaragua en los Estados Unidos, deben concentrar su trabajo en la asistencia y atención a los nicaragüenses que se encuentran en ese país con documentación migratoria legal o sin ella.  

Los consulados deben convertirse en centros de apoyo a los migrantes nicaragüenses, brindándoles asesoría legal, prestando los servicios con prontitud y facilitando el acceso a la documentación necesaria para su legalizar su estatus migratorio.  Es imprescindible que los consulados trabajen con horarios extendidos, proporcionen acceso tecnológico amigable a sus servicios y capaciten al personal consular. Nuevos consulados o un mayor despliegue de consulados móviles deberían funcionar en las localidades en que la presencia de nicaragüenses es relevante.  
 
3. El gobierno, en lugar de pagar centenares de miles de dólares en la contratación de cabilderos para tratar de mejorar su imagen en los Estados Unidos, debe usar esos recursos en una campaña orientada a divulgar los derechos de los migrantes nicaragüenses, con base en las convenciones de Derechos Humanos y de los Migrantes, los acuerdos bilaterales y las leyes de ese país.  La campaña debe informar todo lo relativo y de interés para que los migrantes nicaragüenses mejoren su condición migratoria. 

4. En los casos de personas o familias que deseen retornar al país, debe aplicarse íntegramente y sin dilación burocrática, la Ley de Incentivos Migratorios No. 535, para facilitar su reinserción en la vida nacional. 

Desde el MRS agradecemos y reconocemos el trabajo de protección a los migrantes y a sus derechos realizado por funcionarios, iglesisas, organizaciones no gubernamentales y sociales, en distintos ámbitos territoriales en los Estados Unidos.
 
A la fecha, otros países del área ha tomado acciones para proteger a sus migrantes. Exigimos del Estado de Nicaragua un compromiso firme con los migrantes nicaragüenses, adoptando las medidas necesarias para que puedan permanecer, trabajar y vivir en pleno ejercicio de sus derechos humanos y cumplir con sus obligaciones en el país de acogida.  
 
Managua, 8 de febrero de 2017

miércoles, 18 de enero de 2017

¡Urge respeto a derechos del pueblo miskito!


En la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte no hay paz.  Desde hace muchos meses, distintas comunidades del pueblo miskito han expresado su preocupación y angustia por la creciente agresividad de grupos de colonos alentados y organizados por fuerzas y personajes vinculados al régimen de Ortega. 

La situación que se vive en la RACCN ya ha causado decenas de muertos y heridos, daños a la propiedad de los comunitarios, inestabilidad en las familias. En el MRS estamos preocupados profundamente por la gravedad de la situación que se vive en el Caribe norte de Nicaragua.
 
Es clara la incapacidad del régimen de cumplir con la responsabilidad del Estado de Nicaragua de delimitar y titular la totalidad de las tierras indígenas y garantizar el debido respeto a la propiedad comunitaria.  En ese aspecto reside la raíz del actual conflicto.
 
Quienes pretenden apropiarse de las tierras indígenas y de los recursos naturales que ahí se encuentran, actúan bajo la reconocida protección del régimen.  Se está despojando a los pueblos indígenas mediante el chantaje, acciones ilegales y la toma de tierras.  El saldo de la voracidad de los usurpadores de la propiedad indígena es enorme: asesinatos, secuestros, violencia sexual, quema de viviendas y cultivos, amenazas y hostigamiento a  comunidades.  Las familias están siendo forzadas a desplazarse a otros sitios.

Los pueblos indígenas poseen el derecho constitucional y ancestral a sus tierras y recursos.  Violan la ley y los derechos humanos del pueblo miskito, quienes realizan todo tipo de acciones para despojarlo de sus legítimas propiedades. 

El MRS demanda una solución pronta, pacífica y con absoluto apego  a los derechos de las comunidades indígenas, a la Constitución y a las leyes. Demandamos al Estado que actúe para garantizar la integridad y la vida de las familias, la integridad de sus propiedades y cautele sus derechos. Por ello, exigimos al régimen de Ortega que cumpla con las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 14 de octubre de 2015, que fueron ampliadas el 19 de enero de 2016 y que se ha negado a acatar.

Es responsabilidad del régimen del ilegal e ilegítimo Ortega, la crítica situación que se vive en el Caribe norte y su desenvolvimiento.